POR HANSEL MATTHEWS
La Secretaría de Medio Ambiente y la empresa estadounidense AES Corporation lograron un acuerdo mediante el cual la firma extranjera se compromete al pago de US$6 millones (unos RD$200 millones) para la destrucción del rockash depositado en Manzanillo y Samaná, extinguiendo así una demanda por US$80 millones incoada contra esa firma por el gobierno dominicano.

Al informar sobre la transacción en una conferencia de prensa, el secretario de Medio Ambiente, Max Puig, declaró: «no hemos ganado ni hemos perdido, sólo se ha logrado un avance de retirar el material».

Dijo que en los próximos días será destruido el rockash, que será procesado en los hornos de las fábricas de cemento locales.

Explicó que el gobierno dominicano alcanzó el acuerdo para dejar sin efecto la demanda del Estado dominicano contra la AES Corporation que se conocía en la Corte Federal de Virginia, Estados Unidos.

Puig precisó que por el acuerdo el país recibirá cerca de RD$200 millones (6 millones de dólares), que se destinarán para el tratamiento adecuado y destrucción del material, por medio de las plantas de las empresas de cemento.

Dijo que el dinero será depositado en una cuenta del Estado en los próximos diez días, para ser utilizado para cubrir todos los daños que ha producido el rockash. 

Aclaró que los habitantes de las zonas donde fueron depositadas las cenizas, entre los años 2003 y 2004, no han sido afectados por el material. Explicó que Medio Ambiente hizo estudios que permitieron comprobar que no ha aumentado ni disminuido la frecuencia de las enfermedades en los poblados de Samaná y Manzanillo.

Puig dijo que el país había demandado a AES Corporation por US$80 millones, pero el juez federal Gerald Bruce Lee determinó que la demanda dominicana no procedía bajo el alegato conocido como Ley contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por Soborno.

Apuntó que en esta ley se apoyaron en el primer momento los representantes legales del país, por lo que la decisión del juez Lee afectó considerablemente el monto de la demanda del gobierno dominicano.

«El juez estimó que de acuerdo cómo se había producido el deposito del material, no procedía esa Ley, porque estipula que se debe multiplicar hasta seis veces los daños ocasionados», explicó Puig.

 El pasado 13 de diciembre el juez Lee envió el caso a juicio, fijándose el día 5 de marzo de este año como fecha de inicio, pero el proceso se extingue al ponerse de acuerdo las partes.

Sin embargo, el Secretario de Medio Ambiente aclaró que la demanda interpuesta contra los que permitieron la entrada ilegal del rockash continuará en el país, con el fin de someter a los responsables.

«Con este acuerdo el caso queda cerrado en los tribunales de Estados Unidos, pero abierto en los tribunales del país», afirmó Puig.