La Constitución dominicana establece el derecho al voto de todos los dominicanos hábiles para votar, residan en territorio dominicano o en el exterior. Por tanto, la Junta Central Electoral (JCE) está obligada a hacer este derecho realidad, y al respecto, emitió ya la convocatoria del voto en el exterior. ¡Muy bien!
Sin duda, los inmigrantes dominicanos hacen un inmenso aporte económico a la República Dominicana, por lo cual, hay que acomodar las votaciones al lugar donde residen. Tanta gente no podría viajar a República Dominicana a votar, con o sin virus.
La Constitución dominicana ordena a la JCE organizar votaciones masivas en tierras extranjeras, porque, no estamos hablando de unos pocos dominicanos que pueden votar en un consulado o embajada; se trata de establecer muchos centros de votación en otros países: el padrón de dominicanos inscritos en el exterior es de 595,879 electores, equivalente al 7.9% del padrón total.
Hasta aquí estamos claro: los dominicanos en el exterior tienen un derecho constitucional a votar donde residen y la JCE tiene que organizar las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de julio de 2020. Si se atrasó, que acelere el paso; si el coronavirus se cruza en el camino, que lo espante (supongo).
Lo que es curioso en las últimas semanas es el afán a favor del voto en el exterior de propulsores y defensores de la Sentencia TC 168-13, mediante la cual el Tribunal Constitucional retiró la nacionalidad dominicana a descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano (la inmensa mayoría de origen haitiano). También a propulsores de la construcción del muro entre la República Dominicana y Haití, que no quieren ver haitianos en territorio dominicano.

Entonces pregunto: ¿qué dirían esas personas si Haití solicitara organizar sus elecciones en la República Dominicana, para que los haitianos que viven aquí puedan votar? Eso significaría establecer cientos de centros de votación en todo el país porque hay muchos haitianos.
¿Y qué dirían esos ultranacionalistas si en la República Dominicana hubiese un diputado de origen haitiano que promoviera que los haitianos voten en las elecciones de Haití en territorio dominicano, como ha hecho Adriano Espaillat para los dominicanos en Estados Unidos?
Los derechos no son unilaterales. Si la República Dominicana ha establecido el voto en el exterior como un derecho constitucional y la conformación de colegios electorales para la elección de presidente y diputados de ultramar, entonces hay que estar dispuestos a permitir la celebración de elecciones haitianas en territorio dominicano si Haití lo solicitara.
El día que Haití haga esa solicitud, espero que esos ultranacionalistas (usualmente negadores de derechos) que hoy defienden afanosamente el voto de los dominicanos en el exterior, defiendan con la misma vehemencia el derecho de los haitianos a votar en territorio dominicano en las elecciones de Haití.
La desorganización del Estado haitiano y la pobreza externa de los haitianos ha permitido a la República Dominicana obviar derechos de esa inmensa población de inmigrantes, y peor aún, negar derechos a sus descendientes nacidos en la República Dominicana.
Por ejemplo: la Constitución dominicana de 2010, que otorga el derecho de los dominicanos a votar en el exterior, y que establece que los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero son dominicanos, niega la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano, aunque esos inmigrantes hayan residido en este país por muchos años. Así crece día a día en la República Dominicana una población, sobre todo de origen haitiano, sin derechos.