La creación de más provincias, y por tanto de más subdivisión de la geografía política dominicana, sobrepasó el tope de la racionalidad hace tiempo. De hecho este es un país atomizado jurisdiccionalmente  por las ambiciones a cargos e investiduras bien pagadas de que dan dañino testimonio la mayoría de los políticos. Estamos más desglosados en unidades territoriales que China y que muchos otros estados de dimensión parecida a la nuestra. Con todo lo que eso conlleva para los contribuyentes   por la creación de burocracias. Los empleos públicos, y  sobre todo los altos cargos, son numerosos en todos los ámbitos oficiales, un gigantismo que ha ido en contra de la buena marcha del propio tren gubernamental. Una destructiva manifestación del clientelismo y un incentivo atroz  a tratar la Cosa Pública como botín de la política.

La súbita aparición de un proyecto de ley para partir en  tres  a la provincia de Santo Domingo es inadmisible. Y ojalá que las dirigencias políticas que controlan el Congreso Nacional levanten barreras contra esa insensatez. Debemos estar conscientes además, de la tendencia a la emulación que caracteriza a los entes partidarios; comportamiento  que puso fin penosamente al carácter honorario de la función edilicia y que llevó a los regidores a querer superar a los alcaldes salarialmente. Después que partan a Santo Domingo, la cuchilla seguiría destrozando a otras provincias.

Migración que perjudica a todos

Un notable incremento en el número de haitianos que pretenden ingresar a la República  Dominicana ha hecho reaccionar con prontitud a las autoridades nacionales a lo largo de la frontera. La presencia irregular de inmigrantes es uno de los problemas que el país, ya de viejo, ha debido manejar eficazmente, faltando incluso a lo largo de  años  la herramienta clave de la reglamentación que haga valer la ley sobre esta materia. Está firmemente creado, con profundas raíces, un uso de la mano de obra foránea  de la que no podría prescindir fácilmente  la construcción.

Pero he aquí que la migración ilegal es perjudicial para ambos países. Para el que aporta  trabajadores  sin control porque pierde un recurso fundamental para su reconstrucción; y para el que recibe a esa fuerza humana que desplaza a la local y hace crecer a una minoría marginada en todos los sentidos; una bomba de tiempo social.