Proponer la aprobación del proyecto de ley de partidos pensando en las elecciones de 2016 es una idea absurda, sobre todo porque convertiría el proyecto en un objeto de campaña a merced de los intereses clientelares de cada organización, relegando a planos insignificantes la esencia institucional de la cuestión. Deliberadamente, los legisladores han dejado perimir la propuesta en cuestión en varias legislaturas.

En plena campaña electoral y con una correlación de fuerzas muy desequilibrada en el Congreso, sería contraproducente pretender que el proyecto de ley de partidos sea aprobado a más tardar en marzo. El resultado no podría ser de consenso, tomando en cuenta los intereses partidarios que defiende cada organización en la presente coyuntura. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para llegar a la conclusión de que la mayoría dominante en el Congreso impondría los criterios de su conveniencia.

Como si todo lo anterior fuera poco, los líderes de las organizaciones políticas han manipulado a su antojo la democracia interna, desconociendo los derechos de militantes que aspiran a cargos en el Congreso y los municipios. Siempre hemos postulado que es necesario que el país tenga una ley de partidos y una nueva ley electoral, pero no en circunstancias como las del momento, tan desfavorables para la esencia institucional de ambos instrumentos.

2015: mala nota en moralidad

Al 2015 le queda muy poco tiempo y no parece que vaya a cambiar en lo que falta la percepción de fracaso evidente en la lucha contra la corrupción. Sonados casos, como el escándalo destapado en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la investigación abierta a varios jueces que el Ministerio Público señala como supuestos corruptos, son indicadores de que la moralidad pública este año ha sido fuertemente corroida.

Aunque ha habido buenas señales, como el freno puesto por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a convocatorias urgentes para compras en entidades del Estado, el hecho de que se intentaran procedimientos dudosos en esta materia, indican que la lucha contra la corrupción y el régimen de consecuencias nos dan malas calificaciones.