Con la Ley de Libre Acceso a la Información como defensa, una organización comunitaria exige  al gobierno que informe  cuántas familias y quiénes serán los desalojados  para  construir la segunda línea del Metro.

La demanda fue planteada por Margarita Pinales, vocera de la Red Urbana y Popular, entidad formada por más de cien grupos  que apoyan  a las familias amenazadas de desalojo.

Pinales justificó la exigencia en que, contrario a las cinco mil familias que según la Opret serían desalojadas por el  decreto 691-08 de abril pasado, sólo en la parcela 5 del distrito catastral 5,  donde habita la mayor cantidad de personas en la zona Norte, serían removidas alrededor de dos mil familias.

Asimismo, se les había informado que los desalojados serían llevados a la comunidad El Cabreto, y ahora  el decreto cita a  Mojarra, ambos en una zona rural de Guerra, sin servicios.

La Red cuestionó que se hable de expropiación sin antes construir  el habitacional donde serían reubicadas las familias y los comerciantes igualmente afectados. 

Más aún, ni las familias ni los comerciantes de Los Alcarrizos ni la avenida Padre Castellanos han sido notificados, pese al decreto.

Zoom

Comerciantes

Ramón Alcántara, propietario de un colmado en la autopista Duarte, próximo a la entrada de Los Alcarrizos, no ha sido notificado sobre la segunda línea del Metro.

Otros

De la misma manera se expresaron Ingrid Cabral,  en la 193,  de la autopista Duarte; Joel Serrata de Indusrattan,  en el kilómetro 14.  José Garcia y Orlando Vélez   en la avenida Padre Castellanos.