Hoy 
Son preocupantes las señales de que en ocasiones ingresan a la Policía y a cuerpos de seguridad personas que al parecer no pasan por un efectivo cedazo detector de antecedentes y perfiles sicológicos riesgosos. Las propias entidades revelan repetidamente la participación de miembros en actos delincuenciales o de complicidad con malhechores. Es grave además que se les asignen tareas que aprovechan para fines criminales. Prima el criterio de que los pasados asaltos a gente que salía del aeropuerto fueron facilitados por la filtración de datos sobre viajeros obtenidos al interior de organismos de seguridad del AILA; síntoma de lo antes expuesto.
La falta de rigor en el reclutamiento y asignación de funciones se revela incluso sumamente peligrosa para las propias instituciones. En sonados casos de un año acá oficiales y agentes fueron asesinados directamente por otros policías o con el uso de armas pertenecientes al cuerpo del orden y suministradas a título de préstamo o alquiler por otros miembros, los que por tanto co-actuaron en hechos de sangre contra sus propios compañeros de uniforme. Debe evitarse a toda costa que la delincuencia se esconda en rangos. No hacerlo equivale a afilar cuchillos para la propia garganta de los policías serios y la sociedad en general. El poder e influencia de los infiltrados pueden crecer y nadie sabría cuáles serían las consecuencias de esa mayor magnitud del problema.
Costos y tarifas de la enseñanza
La educación es un servicio imprescindible y el Estado tiene ineludibles obligaciones para con ella, incluso destinándole cada vez más recursos. La participación privada es notable en el país con educadores y centros que han brillado por su labor. En gran medida, la insuficiencia de aulas y fallas del sector público justifican la existencia de colegios privados para diferentes niveles sociales. Los hay desde condiciones muy humildes, con maestros empíricos, hasta centros de alta categoría.
Procede resaltar que la labor que les toca a estos planteles debe responder a normativas del Estado y a planes y objetivos sociales, sin escapar además a lineamientos de las autoridades para la fijación de tarifas. El Ministerio de Educación debe garantizar que la docencia privada sea brindada bajo un control tarifario oficial basado en costos reales y en la calidad del profesorado y de las instalaciones en que se desarrolla.
