POR TEÓFILO ABREU
Participación Ciudadana dijo ayer que con la firma del contrato con la Sun Land Corporation se violó la Constitución y la Ley de Presupuesto, y consideró sorprendente el silencio del ingeniero Félix Bautista, y el Gobierno mismo, pese a la gravedad del caso.

En un documento entregado a la prensa, el movimiento cívico dice  “que para muchos es un nuevo escándalo político administrativo”.

   Plantea que el Presidente  Fernández debe dar cuenta cuanto antes de todos los detalles del contrato e informar dónd eestá depositado el dinero contratado, entre otras cosas.

En un documento enviado a HOY, Participación Ciudadana se refirió al poder otorgado al  director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de  Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, para firmar un contrato de préstamo por US$130 millones   con la Sun Land.

Los fondos serían utilizados  para el suministro de materiales, equipos, productos y servicios de construcción para una serie de obras públicas.

 Indicó Participación Ciudadana que aunque no se han podido conocer los términos del contrato, sí son de dominio publico los de una carta-acuerdo que comprometió al Estado dominicano con la venta en el mercado internacional de 19 pagarés por la indicada suma.

Agrega  que el documento establece que el repago de los mismos sería incluido en los presupuestos de la OISOE del 2007 y 2008 y serían registrados, como  deuda que son, en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas.

Esta secretaría autorizaría el pago en las fechas de vencimiento, entre enero de 2007 y julio de 2008.

“Tanto la carta-acuerdo como le letra de los pagarés no dejan la menor duda de que se trata de un endeudamiento en dólares contraído en el exterior por el Estado dominicano, y que como tal debería registrarse en la Secretaría de Finanzas, ahora de Hacienda”, explica.

Dice Participación Ciudadana que,  siguiendo los canales normales y legales, los US$130 millones, o el monto en que fueron vendidos los pagarés, debieron entrar al Banco Central.

“Preocupa, además, lo costoso que puede resultar este método de financiar obras públicas.  Cada pagaré estipula una penalidad por mora de 2.16% mensual; es decir, un 25.92% anual, por lo que si no se paga a tiempo se sumarán al costo del descuento estos intereses sumamente gravosos”, señala.

“Resulta obvio que el gobierno ha violado la Constitución de la República y la Ley de Presupuesto, al contraer una deuda en moneda extranjera sin someterla a la aprobación del Congreso Nacional”, expresó.

Explicó que, de acuerdo con la letra de los pagarés, el Estado no otorgó un aval o garantía, sino que asumió directamente una deuda, no subordinada a la ejecución de contrato alguno, por lo que su pago es obligatorio, aún cuanto no se ejecuten las obras.

Consideró que el secreto en que se hizo la operación y los intentos de ocultamiento que han seguido a su denuncia reflejan poca transparencia.

 Recuerda que el año pasado a esa empresa hubo que anularle un  contrato por US$132 millones  para equipar la Policía Nacional, tras comprobarse que contenía sobrevaluaciones de hasta un 500% en vehículos, computadoras y otros equipos.