La declaración jurada de patrimonio es una herramienta legal que contribuye con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y constituye un instrumento para la prevención, detección y persecución de los actos de corrupción.

La afirmación la hizo José Augusto Medina, miembro de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, un organismo especial de la Cámara de Cuentas que tiene como atribuciones comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y controlar el cumplimiento de la presentación de la misma.

Medina habló sobre el tema en el marco de un curso-taller sobre la aplicación de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios Públicos y su Reglamento, dirigido a periodistas de diferentes medios de comunicación, el cual se llevó a cabo en uno de los salones de la Cámara de Cuentas.

El funcionario explicó que la declaración jurada es un inventario de bienes activos y pasivos, además de un mecanismo de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

Agregó que la declaración jurada de patrimonio está fundamentada en la Ley 311-14, en las convenciones internacionales suscritas por República Dominicana, en el artículo 146 de la Constitución, la Ley 10-14 de la Cámara de Cuentas y su Reglamento número 06-04.

Medina estuvo acompañado del consultor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oscar Díaz, quien detalló todo lo referente del Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio.

Díaz dijo que dicho sistema tiene la responsabilidad de informar cada designación, elección o cese en funciones de los funcionarios de su institución obligados a declarar, así como orientar a los servidores públicos sobre el proceso de realización de declaración jurada en tiempo y forma.
En el encuentro con los comunicadores, también participaron el coordinador nacional del PNUD, Francisco Nuberg; el ingeniero Francis Valdez, de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Cámara de Cuentas; y Josefina Domínguez, de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la entidad fiscalizadora.