Luis María Linde, gobernador del Banco de España, reconoció que, a posteriori, hubiera sido aconsejable rescatar a Banco Popular en 2012, cuando la Unión Europea puso sobre la mesa hasta 100.000 millones de euros para financiar la liquidación y reestructuración de las cajas de ahorro.
«Fue una mala decisión no incluir a Popular en 2012. Esto se sabe ahora, pero entonces nos parecía bien que no lo hiciera porque suponía un ahorro en el gasto del préstamo europeo», afirmó al comparecer ayer ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera de España.
Linde, que ha despachado las demandas de los inspectores del organismo como «una pérdida de tiempo» y tacha de mentiras las acusaciones de «amiguismo» en la gestión interna, ha repasado el caso de la resolución de Banco Popular a preguntas de los diputados, subrayando que no puede ofrecer una sola cifra de las que conoce porque el Banco Central Europeo (BCE) prohíbe darlas a conocer.
«Cuento todo lo que puedo contar», explicó.
Según el responsable del supervisor bancario, Popular estaba vigilado de cerca «con hasta dos reportes de liquidez al día» desde tres meses antes de su final, que se produjo por falta de liquidez.
«El Banco de España suministró liquidez en dos ocasiones a Popular y en una de ellas debió pedir permiso al BCE porque la cantidad excedía un límite normativo (2.000 millones de euros)», contó Linde.
El responsable del organismo añadió que toda aportación de liquidez desde los bancos centrales se hace siempre con garantías como contraprestación valoradas con un recorte sobre el nominal que no especificó pero que «no eran del 90%.
No pudo más. El día 6 de junio Popular no pudo seguir aportando garantías que avalaran más peticiones de liquidez y entró en el proceso de resolución que acabó con la conversión de acciones y deuda por valor de 3.000 millones de euros en el precio de un euro por el que se traspasó a Banco Santander el 7 de junio.
«Si no hubiera habido comprador, Popular habría entrado en liquidación con pérdidas para todos los acreedores, entre ellos los depositantes y es dudoso que el fondo de garantía de depósitos hubiera podido hacer frente a estas pérdidas”, afirmó.
Y agregó: “Una solución alternativa hubiera sido mucho peor en todos los sentidos. Hubiera sido catastrófico para España y la economía. La solución que se encontró fue la menos mala».
Linde también se ha referido a la remisión al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) de la venta de la torre Foster realizada por Bankia en 2016.
Los diputados presentes le han cuestionado por el tiempo que se ha demorado una investigación iniciada hace más de un año.
El responsable del Banco de España explicó que parte de esa demora se debe a que Bankia pidió acceso al informe, demanda que se atendió.