Los indultos que se dan a los presos “son una vergüenza” y han desprestigiado al ministerio público y las instituciones y personas que han participado en el proceso para escoger a los que se beneficiaron de esa gracia, dijo el coordinador nacional de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica.

Fray Arístides Jiménez Richardson afirmó que ninguna persona sensata cree que los indultos de reclusos se otorgan con transparencia.

«Los indultos son una vergüenza para nuestro país y han hecho que los ministerios públicos se desprestigien y han arrastrado también a entidades que han participado en eso», precisó.

A juicio de Jiménez Richardson nadie cree que en proceso para conceder los indultos existe transparencia, «eso nadie lo cree ni lo acepta y además contraviene todo principio jurídico y moderno».

El coordinador de la Pastoral Penitenciaria, entrevistado en la página de Internet Informe Judicial que produce el abogado José Manuel Hernández, cuestionó que el ministerio público conceda «más libertades que los propios tribunales».

Para Jiménez Richardson «la Procuraduría ha asumido una postura que no es prudente, entonces es el momento de que se actúe con sensatez, de que no se siga azuzando más el tejido social dominicano, donde hay muchas familias dolidas, porque ven que se esta burlando a la justicia».

Para el próximo 16 de agosto, el Procurador General anunció que el presidente Hipólito Mejía indultará a más de 600 reclusos, horas antes de la toma de posesión del nuevo gobierno.

Dijo que las denuncias de la Pastoral Penitenciaria datan de años respecto al «manejo improvisado y alegre que las autoridades de este gobierno han estado dando al problema carcelario y muy en particular a la concesión de indultos en beneficio de prisioneros».

Recordó que desde el año 2002, la Pastoral Penitenciaria no tiene nada que ver con los indultos.

Consideró que no se necesita de indultos para poner en libertad a reclusos enfermos crónicos. «La ley le da autoridad para excarcelar administrativamente a los reclusos gravemente enfermos».

[b]NO LE HACEN CASO[/b]

Manifestó que la Pastoral Penitenciaria ha suministrado una lista de reclusos seriamente enfermos con este propósito y las autoridades nada disponen al respecto.

Indicó que el Procurador General, con su accionar, violenta el estado de derecho de la Nación, «irrespeta instituciones, entidades y organismos nacionales y no es una garantía de estabilidad jurídica nacional como representante de la sociedad».

[b]NUEVA LEGISLACIÓN[/b]

Adelantó que la Pastoral Penitenciaria junto a distintas personalidades están gestando una legislación que regule y controle la concesión de indultos, de manera que no dependa de la subjetividad del Poder Ejecutivo.

Calificó como un «caos y anarquía» la administración por el actual incumbente de la Procuraduría de las cárceles, impidiendo a los funcionarios de la dirección de Prisiones ejercer sus funciones.

«La Procuraduría General de la República es tan absorbente en este momento que parece que la dirección de Prisiones no existe. Hasta para la compra de un caldero para la cárcel, la Procuraduría asume esa función y eso es increíble», manifestó.

Puntualizó que la dirección de Prisiones es una instancia débil porque no tiene presupuesto, el cual es administrado por «la Procuraduría General de la República y todas las órdenes emanan de la Procuraduría, entonces lo que hay que hacer es X, fortalecer la dirección de Prisiones y permitir que haga su trabajo».

Fray Arístides Jiménez reiteró que las cárceles del país son espacios donde se denigra al ser humano, por la forma de vivir en hacinamiento, por la precariedad alimentaria y por la negación del derecho a la asistencia médica.

Sobre el particular enfatizó que la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria es un organismo que se ocupa no sólo del recluso, sino de los derechos y deberes del autor del delito y de la víctima, con miras a la formación de comunidades cristianas sólidas y participativas.