POR GERMAN MARTE
La Junta Central Electoral (JCE) actuó apegada a la ley al aprobar la propuesta de alianza entre los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, y rechazar la solicitud de anulación de ese pacto incoado por el Partido de la Liberación Dominicana, afirmó ayer el ex miembro del tribunal, Julio César Castaños Guzmán, quien comparó todo el escarceo en torno al tema con “una tormenta en un vaso de agua”.

Sin embargo, advirtió que a partir de ahora cualquier otra modificación que se quiera hacer al respecto es “inadmisible”.

“Aquí no ha sucedido nada. Oye bien lo que yo digo, como jurista: aquí no ha sucedido nada, porque ese problema estaba previsto en el artículo 72 de la Ley Electoral”, manifestó el ex miembro de la JCE al ser consultado por este diario.

Dijo que todo el escarceo que se ha producido en torno al caso tiene una motivación política y parte también de las declaraciones contradictorias de los magistrados y el secretario de la Junta que dieron lugar a una confusión inicial.

Reiteró que la Junta no ha transgredido ninguna ley, a pesar de que hubo una “torpeza” inicial cuando tanto el secretario como algunos miembros dijeron que tenían que dar un plazo para los arreglos, pues queda abierto un intervalo para enmendar cualquier error, y va desde que vence el plazo para las inscripciones hasta el día en que se reúna el pleno de la JCE para conocer las propuestas de candidaturas dando la resolución de admisión o no de las mismas, y “eso venció el viernes”.

 De acuerdo con Castaños Guzmán, hay que separar la crisis y el escarceo que se produjeron en torno al tema a partir de las opiniones contradictorias que dieron los jueces y el secretario Antonio Lockward Artiles, de lo que dice la Ley Electoral (275-97) en su artículo 72.

Significó que ese artículo es “enmendador” y tiene el propósito –desde el punto de vista legal- de dejar abierto un intervalo en el cual el secretario puede corregir “todas los defectos y las irregularidades que tenga la propuesta de candidaturas”. Explicó que ese intervalo va desde el momento en que se vence el plazo establecido para la presentación de las propuestas de candidaturas de los partidos, el 17 de marzo a las doce de la noche, hasta el día que se reúna la JCE para conocer de las propuestas de esas candidaturas, dando la resolución de admisión de las mismas.

LEY NO ESPECIFICA

Indicó que la ley electoral no dice qué es una irregularidad, y por lo tanto –adujo- hay que recurrir al diccionario jurídico de Henry Capitán y al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde se establece que irregular “es todo lo que se hace fuera de la norma”.

Y en el caso de las alianzas entre los partidos, explicó, la ley indicaba un plazo (17 de marzo) y que la propuesta debía hacerse ante una jurisdicción determinada, es decir, que las propuestas de candidaturas de senadores y diputados debieron presentarse ante la JCE, mientras que los propuestos para síndicos y regidores debieron hacerlo ante las juntas electorales correspondientes a cada municipio.

De manera que así como era irregular que la propuesta se hiciera tardía, también era irregular que se presentara ante una jurisdicción que no fuese la competente, pues en unos casos debieron ir a las juntas municipales, no a la Junta Central Electoral, afirmó.

Por lo tanto, según su parecer, “nadie tiene que dar ningún plazo para nada, porque la Ley Electoral en su artículo 72 ha previsto esa situación”.

Agregó que cuando se habla de irregularidades en las propuestas se refiere a que falte una cédula, una fotografía, la edad del candidato “y por supuesto las irregularidades, que son todos aquellos asuntos donde hay violación de la norma”.

Opinó que todas las disputas y denuncias que se hicieron en torno al tema de la inscripción de las candidaturas de la “Alianza Rosada” fueron como “una tormenta en un vaso de agua. Una cosa absurda, que no debió haber ocurrido nunca”.

Asimismo, aseveró que debido al escándalo que se produjo en relación al tema de las alianzas hizo que el máximo tribunal electoral saliera mal parado ante la opinión pública nacional.

Castaños Guzmán manifestó que no critica la actitud del Partido de la Liberación Dominicana por objetar la alianza y pedir a los jueces electorales que declararan nulas las candidaturas inscritas por la “alianza rosada” fuera del plazo de ley y de las juntas municipales correspondientes, pues lo están haciendo para sacarle provecho político.

“Ellos les están sacando partido a una situación política”, manifestó Castaños Guzmán.

El jurista reiteró que a partir de ahora es inadmisible cualquier otra cosa que se presente a partir de la noche el viernes, “no se puede hacer nada ya, porque el intervalo para corregir defectos e irregularidades ya venció”.

Julio César Castaños Guzmán fue miembro de la JCE, ex fiscal del Distrito Nacional, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo y actualmente preside la Fundación Derecho y Democracia.