POR ALEIDA PLASENCIA
El empresario Manuel García Arévalo dijo ayer que la ley 28-01 constituye una seria amenaza para el desarrollo y mantenimiento del sector industrial nacional y que por tanto hay que modificarla con prontitud.

Sostuvo que los beneficios fiscales que otorga la ley 28-01 constituyen un privilegio distorsionante que imposibilitan competir en condiciones de igualdad a las empresas ubicadas a todo lo largo del territorio nacional, fuera de las zonas fronterizas.

García Arévalo, quien es directivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), señaló que esta ley debe ser modificada razonablemente para hacerla mas congruente, en marco de la actual reforma fiscal que cursa en el Congreso.

Añadió que los productos elaborados bajo el esquema de incentivos que establece la ley 28-01, «desplazarían del mercado a todos aquellos que cumplan cabalmente con el pago de los impuestos establecidos, con lo cual la frontera se convertiría en una especie de paraíso fiscal».

Añadió que «de mantenerse estos niveles de incentivos tributarios, gran parte de las empresas existentes se verían compelidas a trasladarse a la frontera, generando un impacto negativo en la capacidad de recaudación del Estado dominicano, lo que provocaría una profundización de la actual crisis económica». De esta manera, dijo, se daría al traste con los objetivos que procura lograr la reforma fiscal que se ventila actualmente en el Congreso, la cual es imprescindible para recuperar la estabilidad macroeconómica y cumplir con las condicionalidades que permitan reanudar el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Añadió que al frontera una zona de menor desarrollo económico y social que otras lugares del país, se le deben reconocer a ésta aquellos incentivos que promuevan la instalación de nuevas empresas, pero que no constituyan una competencia desleal para las inversiones establecidas en el resto del país.

Refirió que en ese sentido, la AIRD, propuso recientemente ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, una modificación a la ley 28-01 que establezca claramente la obligación de retener aquellos tributos que afectan de manera directa los precios relativos y cuyo sujeto de pago es el consumidor y no la empresa, como son el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Selectivo al Consumo (ISC).

García Arévalo recordó también que la AIRD sugirió además, que se le reconozcan a las empresas establecidas bajo la Ley 28-01 aquellas exenciones fiscales que recaigan exclusivamente sobre su instalación y proceso productivo como son los derechos aduanales sobre la importación de bienes de capital y materias primas, así como el impuesto sobre la renta.