El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo ayer que el proyecto de Ley de Salarios del sector público que canalizó esa dependencia y aprobó la Cámara de Diputados es el mismo del Poder Ejecutivo, cuya importancia resaltó porque, según afirmó, garantiza la transparencia al eliminar la discrecionalidad y la inequidad en la fijación de los sueldos de los funcionarios.

Ventura Camejo dijo que la iniciativa elimina la inequidad en el sentido de que una persona que desempeñe un cargo en un ministerio devengará el mismo sueldo de  quien haga iguales funciones en otra dependencia del Estado.

Resaltó que el proyecto establece incompatibilidades, ya que un ministro no podrá cobrar ingresos adicionales por el trabajo que realice como miembro del Consejo de esa misma institución.

Explicó que esta legislación elimina el uso de tarjetas de crédito de los funcionarios del Estado y establece racionalidad en los viáticos y el uso de fondos para el cargo que no sean para relaciones como recibir a un ministro extranjero invitado por el país.

Dijo que esa ley prohíbe cobrar dos veces en el Estado  y resaltó que la iniciativa obedece a  las tendencias de organización de los salarios públicos en toda Iberoamérica.

“Esta ley será un gran aporte a la transparencia porque establece la igualdad, la racionalidad y la institucionalización de la administración pública”, subrayó el funcionario.

Ventura Camejo hizo estas precisiones para aclarar declaraciones del senador José María Sosa Vásquez (PLD-San Pedro de Macorís), presidente de la comisión de Trabajo y Pensiones del Senado, en el sentido de que la pieza, que también cursa en este hemiciclo,  no se había aprobado por  conflictos en las versiones del Ministerio de Administración Pública y la que del  Poder Ejecutivo sometió al Senado, además de otra similar del senador Adriano Sánchez Roa.

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Congreso revisará

Ventura Camejo dijo que el Ministerio que dirige elaboró este proyecto durante tres años con la asistencia de expertos brasileños, chilenos, de los Estados Unidos y, fundamentalmente, de España, donde cada año, como ocurrirá aquí, el Congreso revisa y legitima los salarios de los funcionarios del Estado.    El resto de los salarios, explicó, se fijan sobre la base de la clasificación  de los cargos mediante una escala salarial.