Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que el país requiere de un compromiso nacional para alcanzar soluciones realistas y sostenibles para que las cárceles dejen de ser “centros de caos y academias criminales, donde reinan las mafias”. La entidad de la sociedad civil reitera su llamado a rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen condiciones de vida digna para abordar esta realidad que tiene décadas de existencia y que ya ha llegado a su colapso.

Castaños Guzmán dijo que la irreversible realidad que aqueja el sistema quedó al desnudo, una vez más, con lo acontecido en La Victoria, donde al menos 13 reclusos perdieron la vida durante un incendio.

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Dijo que aunque el sistema está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos por medio del cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley, sin embargo, “hemos caído en una arena movediza que si no se aplican las medidas pertinentes y con celeridad luego será demasiado tarde”.

Según explicó las estructuras, normas y principios que recoge la legislación vigente han quedado inoperantes y sumergidas en prácticas carcelarias que se han convertido en la producción de mafias y entramados delictivos que se multiplican a gran escala.

Ponderó el apoyo ofrecido a las autoridades correspondientes (Ministerio Público y Dirección General de Prisiones) para encaminar un plan de humanización bajo un modelo sustentable y dotado de prácticas coherentes a los principios democráticos.

La exagerada sobrepoblación que sufre el castigo de la prisión preventiva, las condiciones mínimas de salubridad, educación y protección deja mucho que desear en un país cuyo objeto punitivo es reformar a los individuos en conflicto con la ley, puntualizó el jurista.

El directivo de la Finjus reiteró que el compromiso nacional planteado debe contar con la participación de los órganos del sistema de justicia penal (Procuraduría General de la República, Dirección General de Prisiones; Consejo del Poder Judicial, Policía Nacional, Oficina Nacional de la Defensa Pública), universidades, comunidad jurídica y organizaciones sociales para que definan políticas y programas para el rescate de la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario.