La defensa del empresario José del Carmen Cruz Gómez, aclaró hoy  que el acuerdo que hizo su representado con la Fiscalía del Distrito Nacional está dentro del marco de la ley.

La abogada Manuela Ramírez Orozco, representante legal de Cruz Gómez, explica que por ser un acuerdo legal fue ratificado por el juez de instrucción lo homologó, y aclaran que la Ley 10-15 modificó el artículo 363 del Código Procesal Penal.

Afirman que todo en este proceso se ha realizado dentro del marco de la lealtad procesal.

Ramírez Orozco explica que aplicaron una figura que estableció el legislador y se cumplieron con todas las condiciones.

Sin embargo a Manuela Ramírez Orozco le causó sorpresa que sea tres meses después que ciertos sectores critiquen el acuerdo, justamente a la hora de dividir los bienes, porque la sentencia ya se hizo firme, por haber transcurrido el plazo sin apelación de las partes.

Precisó que no fue un regalo ni es cierto que son 67 millones que se deben entregar a Cruz, no son 18 vehículos sino 9, son 48.5 por ciento del total de bienes, mientras que el Estado tiene un porcentaje mayor, consistente en un 51.5  por ciento.

Explicó que hicieron ese pacto porque la salud y condición económica de su cliente no le permitiría llevar un caso por mucho tiempo.

Precisa que Cruz debe ser sometido a trasplante de riñón y está esperando por ese proceso y se está dializando, además es diabético e hipertenso, razón fundamental que motivó el acuerdo.

Sostiene que no todo lo que se ha dicho en interés de satanizar a Cruz es cierto, pues el mismo tenía otras fuentes de dinero fruto de su trabajo lícito, porque ha sido muy trabajador desde muy corta edad y si calificaba en los concursos de PROMESE es porque los medicamentos eran previamente analizados y la mayoría de sus bienes se adquirieron antes de la entrada en vigencia de la ley de lavado, razón que entiendo motivó a la fiscalía a realizar el acuerdo, aunque no lo haya plasmado expresamente ni aceptado.

La abogada Manuela Ramírez Orozco lamenta que las autoridades de Salud Pública se hagan de la vista gorda, cuando ellos saben que anterior al proceso ese ministerio había inspeccionado y comprobado que Cruz marchaba correctamente.

Adviertió que tiene pruebas de que desde Salud Pública habían autorizado importaciones; de igual modo, en sus propios informes probatorios en el expediente nunca se comprobó que haya habido muertes por productos de Cruz, sino todo lo contrario, negligencia médica, por lo que ante los intereses de algunos, entiendo que debe respetarse una decisión firme, distribuir conforme a la ley y dejar que esta familia.