En la mayoría de las construcciones públicas y privadas que se levantan en el país no se  aplican las normas sobre los materiales eléctricos, lo que causa daños materiales que se traducen en incendios y hasta pérdidas de vidas humanas.

El problema no está en los planos, pues en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) son aprobados con las especificaciones adecuadas, sino en la falta de inspección durante el proceso de construcción para verificar su cumplimiento.

Esas consideraciones fueron expuestas por los directivos de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (ASUME) Osamu Kamatsu, presidente, y los miembros del Comité Ejecutivo, Leonel Castellanos,  Luis E. Moquete y Benito Olmos Contreras durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY.

 Los directivos de Asume lamentaron que además del problema de la comercialización de materiales eléctricos falsificados, en el país no haya una supervisión efectiva y continua de las obras que se levantan de manera que estas cumplan con las normas referentes a esos productos, por lo que llamó al MOPC a formar un equipo para esos fines.

Argumentaron que Obras Públicas exige una serie de documentos y procedimientos para otorgar un permiso para iniciar la construcción de una obra (planos, impacto medio ambiental, estudios de suelo, entre otros), sin embargo, luego de ser aprobados no hay la supervisión efectiva de manera que se cumplan lo especificado en los planos.

Kamatsu  ponderó las condiciones profesionales y las buenas intenciones del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por lo que dijo confía en que el funcionario atenderá el llamado que hace ASUME para corregir la situación antes planteada, ya que esto no solo trae pérdidas económicas, sino también vidas humanas. Agregó  que en los países desarrollados cuando se termina de construir una obra se realiza una inspección final para asegurar que fue construida tal y como se aprobó en el plano.

Sobre la utilización de materiales eléctricos falsificados, los directivos de ASUME dijeron que el  Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) atendió la denuncia sobre ese tema y que se han reunido con otras instituciones como Obras Públicas, el  Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para la realización de diferentes tareas con el objetivo de acabar con esa práctica.   

Informaron que se trabaja en el levantamiento de  informaciones  para determinar las estadísticas exac tas sobre la cantidad de esos materiales que se está utilizando en el país.