Afirman Gobierno no da 5% de recursos mineros a municipios

Charla (FLACSO RD) y PC ENTRE sobre beneficio de la minería.
En foto: Anselmo Muñiz, Maritza Ruiz y Domingo Matías. 
Fecha: 9-4-19
Lugar: Locar de FLACSO RD.
Artista Visual: José Andrés De los Santos
Periodista: Emilio G.
Charla (FLACSO RD) y PC ENTRE sobre beneficio de la minería. En foto: Anselmo Muñiz, Maritza Ruiz y Domingo Matías. Fecha: 9-4-19 Lugar: Locar de FLACSO RD. Artista Visual: José Andrés De los Santos Periodista: Emilio G.

Es inconcebible que el Gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde haya explotaciones de recursos naturales no renovables reciban el 5% de los beneficios netos generados.
La afirmación fue hecha en el panel “Régimen de participación de los municipios en los beneficios derivados de la minería”, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y auspiciado por Participación Ciudadana y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva.
El investigador social y abogado Carlos Muñiz abordó el tema desde la perspectiva legal y afirmó que la participación en los beneficios generados por los planes de inversión y desarrollo, en particular los relativos a la exploración y explotación minera de sus tierras ancestrales es reconocido como un derecho humano por la comunidad internacional.
Citó el caso de algunas naciones, como Ecuador, Filipinas y otros, donde la ley obliga a las empresas extranjeras que extraen recursos mineros a aportar para el desarrollo de los gobiernos locales.
Dijo que en el caso de la República Dominicana, la ley contempla que el 5% de los ganancias netas generadas sea destinado a los ayuntamientos, pero que contratos especiales suscritos por el Gobierno central, exoneran a las empresas de este pago, lo que califica como una violación al principio de legalidad.
Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dijo que un propósito político perverso sacó de los municipios el derecho a gestionar fondos de inversión social y a definir normativas, que le permitan general desarrollo con recursos de las actividades mineras realizadas en sus territorio.
Llamó a las comunidades empoderarse y exigir lo que es importantes, que no es la construcción de calles, aceras y contenes, sino proyectos que tengan impacto.
Domingo Matías, sociólogo, investigador socio-político, señaló que el 5% que manda la ley y que tiene que ir a los municipio debe ser reclamado, para lo cual la sociedad civil tiene que empoderarse y propiciar su efectiva inversión.
Enfatizó que el que esos recursos lleguen a los ayuntamientos no es garantía de desarrollo sostenible, porque los alcalde lo que buscan es realizar proyectos que pueden generar beneficios personales.