POR DIEGO PESQUEIRA
Tres ejecutivos de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmaron ayer que todavía el acceso a la justicia en el país es muy costoso, dificultoso y una quimera en algunas comunidades, al punto que cualquier familia podría llegar a la ruina económica si se involucra en un proceso penal.

Es ante esta realidad que FINJUS propicia un mayor y mejor acceso a la justicia de los grupos sociales mediante el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades y generar fórmulas orientadas a hacer más eficiente la repuesta de los diferentes mecanismos del sistema.

A juicio de Servio Tulio Castaños, vicepresidente; Carlos Villaverde Gómez, y Luz Díaz Rodríguez, gerente de implementación de proyectos, el primer eslabón para el acceso a la justicia es el conocimiento de cada ciudadano-a de lo que son sus derechos y sobre todo cuales son las herramientas con las que cuenta.

«Todavía en muchos aspectos y sobretodo a medida que nos alejamos de la capital es un sueño el acceso a la justicia, los servicios de justicia son caros y lentos en la mayoría de los casos, y pocos accesibles para los ciudadanos en sentido general, especialmente para las personas de escasos recursos», precisó Carlos Villaverde Gómez, gerente de proyector de FINJUS.

Afirmó que un proceso judicial a personas que están acusadas de violar la ley penal, implica muchas veces la ruina de muchas familias que no pueden pagar los servicios de abogados defensores.

Aclaró que afortunadamente empezó a fortalecerse el área de defensa pública, la que calificó como vital para la administración de justicia.

Explicó que en la actualidad hay 46 abogados en la defensoría pública, los que serán aumentados a más de 150 el próximo año.

Alegó que de no contar con estos defensores públicos cientos de familias habrían tenido que esperar meses y meses a la espera de la celebración de un juicio.

Empero, admitió que en otras áreas de la justicia, como la jurisdicción de tierras y la civil, la situación es «bastante dura».

«La justicia de tierra y la civil son áreas poco accesibles para muchas personas que no tienen recursos», apuntó.

Para lograr un mayor acceso de la ciudadanía a la justicia, la FINJUS trabaja en la capacitación de los ciudadanos, dando seguimiento a la reforma procesal penal.

«Nuestra primera línea estratégica en la actualidad es incrementar el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, es decir que los servicios y beneficios del sistema de justicia lleguen a toda la población independientemente del lugar más remoto donde se encuentren, con un carácter profesional e independiente», precisó Luz Díaz Rodríguez, gerente de implementación de proyectos de la FINJUS.

Agregó que otro aspecto importante es que la ciudadanía exija y demande los servicios de justicia que establece la Constitución.

Explicó que para lograr este objetivo los ciudadanos deben tener conocimiento a fondo de lo que se hace en el sistema de justicia.

«Empoderar a lo actores sociales e institucionales para que incidan en el logro de una mayor democratización del sistema judicial. Convertir a la ciudadanía en un agente impulsor de los cambios, con mayor conocimiento de sus derechos constitucionales», indicó.

Estimó que es tiempo de que exista un sistema de justicia constitucional que garantice los derechos fundamentales.

«Si no existe un sistema de justicia constitucional, que comience con los recursos de amparo, habeas corpus, entre otros, no hay entonces probabilidad y se quedarían en letras muertas los avances», precisó Villaverde Gómez.

FINJUS

La FINJUS es una organización no gubernamental acogida a la ley 520 sobre organizaciones sin fines de lucro e integrada por un grupo de juristas y empresarios dominicanos. Está por el decreto del poder Ejecutivo 430-90 del 24 de octubre del 1990.

Los principios básicos de la FINJUS son el fortalecimiento del Estado de Derecho, justicia independiente y democrática, consolidación de los derechos individuales y libertad de empresa y seguridad jurídica.

RETOS DEL SISTEMA

A juicio de la FINJUS se debe mejorar sustancialmente los dispositivos de acceso a la justicia, desarrollo de programa nacional de educación ciudadana sobre derechos fundamentales y sistema de justicia, fortalecimiento institucional y funcional del sistema de defensa pública, un Ministerio Público independiente y moderno y agilización de los procesos judiciales y profesionalización de la Policía.

ETAPAS DE LA FINJUS

En la primera etapa (1990-96) la FINJUS concentra sus esfuerzos en el logro de la independencia del poder Judicial, buscando el respaldo político y ciudadano, diagnóstico del sistema de justicia y definición de línea de acción y fortalecimiento de la capacidad operativa.

Mientras que en la segunda etapa (1997-2005) la FINJUS centra sus esfuerzos en la incidencia en la agenda política de la reforma judicial y elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Los cambios de la denominada reforma judicial en el país, iniciada en el 1997, ha dado frutos específicos que se han concretizados en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, tales como el estatuto del Ministerio Público, Ley de Carrera Judicial, establecimiento de la Defensa Pública, entre otras novedades.

A juicio de Villaverde Gómez estas iniciativas han creado mayor conciencia entre los ciudadanos.

«La FINJUS ha apoyado que la sociedad dominicana participe en los procesos de cambios y garantizar que los procesos sean transparentes y participativos», agregó.

PROYECTOS

En la actualidad la FINJUS ejecuta 16 proyectos de carácter trascendental para lograr un mayor acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.