El sistema de salud y seguridad social actual somete a la población a la desprotección, contrario a la naturaleza del Estado social y democrático de Derecho y de los Derechos Fundamentales consignados en la Constitución dominicana. Así lo ratificaron hoy la Fundación Juan Bosch, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

También la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Red de Sistemas y Políticas de Salud ALAMES, Médicos del Mundo (MdM), la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN) y la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).

La conclusión forma parte de los resultados de un análisis incluido en el libro titulado “Del Negocio Seguro a la Seguridad Social”, de la autoría de los investigadores Matías Bosch Carcuro y Airon Fernández Gil, donde se muestra con evidencias estadísticas y un análisis conceptual e histórico, que el modelo impuesto a partir de 2001 responde a los intereses de las empresas financieras ARS y AFP, es mercantilista y privatizador, mientras precariza la protección social de los dominicanos.

Según el análisis, aunque en República Dominicana el gasto en salud equivale a más del 6% del PIB, esos recursos no van a satisfacer las necesidades y derechos de la ciudadanía.

“En materia de salud es evidente el retiro del Estado como garante efectivo de derechos, reduciendo cada vez más el financiamiento directo a servicios de salud, mientras se transfieren más recursos a los entes privados, se otorgan coberturas pobres o insuficientes a la mayoría de la población, que termina cargando una parte significativa del gasto en las espaldas de los ciudadanos, obteniendo un acceso a la salud según el bolsillo y el nivel de ingresos”, afirman los investigadores Bosch y Fernández.

Las peores pensiones de América Latina. Asimismo, aunque los fondos de pensiones alcanzan prácticamente el 15% del PIB, se ha verificado cómo se niegan pensiones de discapacidad y sobrevivencia y se proyectan las peores pensiones de América Latina. Sin embargo, los autores consignan que las ARS y AFP han consumido ya más de 100 mil millones de pesos en utilidades netas así como en gastos administrativos y operacionales, que salen de los recursos de la sociedad dominicana.

Agregan que el problema, en vez de cambiar, se agrava, ya que recientemente a las ARS se les han aumentado el cápita por afiliado, mientras que a las AFP se les ofreció un cambio en el esquema de comisiones que según todos los analistas haría aumentar aún más sus ganancias anuales.

“Este modelo privatizador y mercantilista sólo puede generar un sistema de salud y pensiones precario, deshumanizado y no solidario, que impacta en estadísticas de salud, calidad de vida, desigualdad, pobreza y concentración de la riqueza realmente alarmantes”, afirmaron los voceros mientras señalaron que “las consignas de este modelo de que los servicios de salud estarían financiados adecuadamente y la gente sería dueña de su dinero, quedaron derrumbados como mitos”.

Urge una reforma estructural y democrática. Con la presentación del libro, este jueves 21 de noviembre a las 6:00 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, las organizaciones convocantes proponen una discusión auténticamente democrática, transparente y fundamentada, que apunte a una reforma estructural, recuperando el carácter solidario y garantista de derechos que debe tener todo sistema de verdadera seguridad social, abocado a solventar servicios de salud, seguridad laboral y previsión dignos, universales y de calidad.

“Esto debe ser sometido a un amplio debate y consenso nacional y sustentado por una nueva institucionalidad y un Estado transparente, financieramente responsable, eficiente, confiable y democrático”, dicen al tiempo que llamaron a recuperar el análisis de la propuesta que hicieron las centrales sindicales en 2018, ampliarla y enriquecerla.

Igualmente destacan que República Dominicana es el único país donde los que controlan y administran el modelo se niegan a una reforma verdadera, que la gran mayoría de los países donde se implantó este modelo lo han desmontado o están en vías de hacerlo, y que la crisis que ha ocurrido en Chile denota que este modelo impuesto en 2001 no solo es incapaz de ofrecer verdadera protección a la salud y la previsión social, sino que también trae consigo crisis sociales y políticas de envergadura, arriesgando el bienestar y la paz social.