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El acuerdo inesperado firmado la semana pasada entre el mandatario dominicano, Leonel Fernández, y el ex candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, continúa provocando reacciones a favor y en contra en los sectores políticos locales. EFE
El pacto, que fija una posición común en siete puntos que serían aprobados por los asambleístas que discuten la reforma a la Constitución, confirma el máximo liderazgo de ambos dirigentes políticos en el país y que, según algunas críticas, los apuntala como «nuevos caudillos».
Así lo consideran organismos como Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), dos de las principales organizaciones de la sociedad civil dominicana que, sin embargo, critican la forma y no el fondo del acuerdo.
Estos organismos consideran lesivo para la democracia que Fernández y Vargas se hayan puesto de acuerdo al margen de sus respectivos partidos políticos, aunque consideran que el pacto supone un «respiro» ante el fracaso de la Asamblea Revisora en sus discusiones sobre la reforma a la carta magna.
Y aunque el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, haya calificado de «diabólico» el acuerdo, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que preside Fernández, alabó en todas sus partes lo firmado, calificándolo de «espaldarazo» a la gobernabilidad.
En términos prácticos, Fernández y Vargas se aseguraron dentro del pacto mantener cuotas de poder de gran valía de cara a sus futuros proyectos políticos.
Esto se desprende, afirman analistas locales, porque uno de los puntos del acuerdo estipula que los legisladores y autoridades municipales que resulten elegidos en las elecciones de medio término del año próximo, permanecerían en sus cargos seis años y no cuatro, con el fin de reunificar esos comicios con los generales de 2016.
De acuerdo con estos señalamientos, esto despertaría en los actuales parlamentarios el «apetito» de volver a presentarse como candidatos en las elecciones de 2010, resultar elegidos y mantenerse por otros seis años con el nada despreciable puesto de legisladores.
Aquí podría resultar más beneficiado Fernández, puesto que al quedar inhabilitado como candidato a las elecciones generales de 2012, como lo prohíbe lo acordado, sí que mantendría una gran influencia sobre los parlamentarios, quienes le «agradecerían» la extensión del período legislativo de cuatro a seis años.
Además, este apoyo sería de gran ayuda para una eventual postulación a los comicios generales de 2016, a los que sí podría presentarse.
Vargas, en cambio, se erige como el principal líder del PRD y saca a Fernández de la contienda de los próximos comicios, a los que desde ya se perfila como el candidato de más peso.
Esos acuerdos son los que han causado los mayores debates en la escena política local, relegando a un segundo plano otros puntos del convenio entre los que se destacan el conflictivo tema de la nacionalidad, que, de acuerdo a los dos líderes debe ser el resultado de una especie de «híbrido» entre la consanguinidad y el territorio.
Por igual, ha quedado rezagada la atención pública a puntos como la modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el mantenimiento de la matrícula actual de diputados (178), y su elección por acumulación de votos, escogidos en proporción al número obtenido por cada partido, así como la inclusión de legisladores que representen a los dominicanos en el exterior. EFE
