La cúpula empresarial dominicana reafirmó su advertencia sobre efectos devastadores que tendría para la economía nacional la posibilidad de que se apruebe el proyecto de ley mediante el cual se entregaría el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores para paliar los efectos de la pandemia del covid-19.

“Nosotros estamos en contra de esto porque las consecuencias serían nefastas”, dijo Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
En igual sentido se pronunció el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini.

Reiteraron la posición que los principales órganos empresarial e industrial del país han mantenido siempre en contra de la citada iniciativa legislativa, coincidiendo con otras personalidades de la vida nacional y organizaciones de diferentes sectores de la sociedad, que incluyen a dirigentes sindicales.

Marranzini advirtió sobre los efectos perjudiciales que el proyecto de ley tendría para la economía nacional y la clase trabajadora.

“Eso suena muy atractivo, pero en realidad económicamente tendría muchos perjuicios como se ha explicado, no solamente por el aumento desmedido de la emisión monetaria, sino porque también perjudica a largo plazo a los trabajadores, ya que mermaría su capacidad de ahorro”, afirmó.

En cambio, Marranzini sugiere otras alternativas y plantea que “sería tal vez mejor apoyar a las empresas más vulnerables que han sido las más afectadas por la crisis sanitaria, para que tengan la capacidad de recuperar empleos y de atraer inversiones y fortalecer los sectores productivos” del país.

Tanto Brache como Marranzini fueron entrevistados acerca de las advertencias formuladas por diversas organizaciones del país ante los temores de que usar parte de los fondos de las AFP en medio de la crisis sanitaria del coronavirus pueda desatar un trastorno mayúsculo en varias áreas vinculadas estrechamente al desenvolvimiento de la economía nacional.

Uno de los principales argumentos expuestos en contra de la entrega de parte de los fondos de pensiones es que su aplicación resultaría inviable, ya que el Estado se quedaría sin RD$173,000 millones.