La Coalición por la Seguridad Social Digna presentó los hallazgos de su más reciente estudio, en el que analizan las altas rentabilidades de las AFP y ARS privadas, durante el periodo 2021 y el primer trimestre de 2022. La referida investigación fue realizada por el investigador social Matías Bosch Carcuro y el economista Francisco Tavárez Vásquez.

El estudio denominado “AFP y ARS: la ley del embudo”, emplea como fuente primaria informaciones provenientes de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En la investigación se cuestiona el rol de intermediación que juegan las AFP y las ARS en el Sistema Dominicano de Seguridad Social: “éstas son las grandes ganadoras, mientras que la ciudadanía sufre los riesgos, las pérdidas y la precarización de su dignidad humana. Ante este negocio y su inmenso poder, el Estado de derecho, el imperio de la ley y la Constitución, parecen ser, de nuevo, un pedazo de papel”.

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Otro de los aspectos que aborda el estudio de la Coalición por la Seguridad Social Digna, es el relativo a que las AFP lograron garantizar con la Ley No.13-20, que sus ganancias no dependieran de la rentabilidad de los fondos de los afiliados y cotizantes del sistema. A continuación, se muestran las conclusiones más relevantes a las que llegó el estudio en cuestión:

Las AFP y ARS privadas, en conjunto, generaron ganancias extraordinarias durante la pandemia y aun después de ella, incluyendo 2021, lo que contrasta con la situación de los/as trabajadores/as y medianos y pequeños empresarios que cotizan en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que vieron perder fuentes de empleos, reducir los ingresos, enfrentándose al desempleo y el cierre definitivo de sus negocios. En conjunto, las AFP y ARS privadas han absorbido RD$152,921 millones, los que deberían haber servido para la seguridad social de la ciudadanía dominicana.

En medio de la realidad descrita, muy favorable a las AFP, cuyas ganancias siguieron siendo positivas y elevadas, en el mes de febrero de 2022 millones de dominicanos/as sufrieron en carne propia la tragedia del sistema con miles de millones de pesos en pérdidas, transfiriendo a los sujetos de derechos los efectos del riesgo financiero y eliminando de sus fondos US$72.3 millones, cuyo paradero se desconoce.

Hasta el momento no se ha conocido una explicación satisfactoria del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ni de la Superintendencia de Pensiones, ya que se supone es el órgano regulador del sistema de pensiones en el país. En lugar de ello, esta entidad tomó parte del debate a favor de las AFP, alabando las bondades del sistema y afirmando que las inversiones financieras tienen que medirse en resultados a largo plazo, como si el futuro de la gente trabajadora y los actuales pensionados y pensionadas depende del azar y el riesgo que implica las inversiones financieras del mercado de valores, incluso con pérdidas definitivas.

Lo que aconteció a inicio de año, y la lógica de funcionamiento del SDSS, es el resultado de más de dos décadas de un sistema negador de derechos fundamentales y no puede ser otra cosa que un verdadero atentado al patrimonio de las personas. La Ley No. 87-01, así como las instituciones que crearon para la supuesta defensa de los afiliados, resultan estar subordinados y ser parte de la maquinaria de generar ganancias para las AFP y las ARS.

Los hallazgos del estudio son pruebas fehacientes de que el SDSS que hoy está en manos del sistema financiero, a través de las AFP y las AR privadas, y no sirve a las necesidades de salud y pensiones dignas ni a las políticas de reducción de pobreza que requiere el país para mejorar las condiciones de vida de la gente. Es un impresionante mecanismo de fomento y acumulación de riquezas, que estimula la negación de derechos sociales y la dignidad de la inmensa mayoría trabajadora del país. Se trata de un negocio al servicio del lucro, y que contribuye sostener las desigualdades socioeconómicas estructurales en el país, mediante la tristemente conocida Ley del Embudo

La seguridad social debe ser, ante todo, un sistema para ofrecer certidumbres, garantías y protección a las personas y a las familias, sin depender de su capacidad financiera personal y sin estar condicionado a otro atributo de su estatus de ciudadano, motivo por el cual está establecida como un derecho fundamental. Si la seguridad social da garantías, certidumbre y seguridad de acumulación a empresas privadas cuya ganancia depende de la precariedad, zozobra, angustia y el empobrecimiento de los sujetos de derecho, entonces el desafío de hacer realidad los artículos 60 y 61 de la Constitución sigue vigente.

¿Qué pasaría si el 97 % de los trabajadores dominicanos decidiese transferir sus respectivas cuentas de capitalización individual a la AFP Reservas? ¿Qué tipo de valor agregan las AFP y las ARS al Sistema Dominicano de Seguridad Social? ¿Por qué los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), así como las autoridades de las Superintendencias de Pensiones y la de Salud y Riesgos Laborales, cuidan más los intereses de las AFP y ASR, que los derechos de los afiliados de la seguridad social? ¿Será que todos los miembros de estas entidades prefieren beneficiarse de las perversidades que se derivan de la denominada “ley del embudo”?

¿Por qué los miembros de la Comisión Permanente de Pensiones (CPP), no quieren abordar la solicitud que hace varios meses hizo la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), consistente en que el Consejo Nacional de Seguridad Social emita una nueva resolución que permita a los servidores públicos con derechos adquiridos por la Ley 379-81, traspasarse del Sistema de Cuenta de Capitalización Individual al Régimen de Reparto, sin importar la edad al primero de junio de 2003, según establecen los artículos 35, 38 y 39 de la Ley 87-01? Miles de servidores públicos siguen esperando que la Comisión Permanente de Pensiones, responda favorablemente la petición que ha hecho la DIDA al respecto.