Por un afán de recaudación de impuestos y sin medir las consecuencias futuras, la Secretaría de Interior y Policía otorgó centenares de miles de licencias para la tenencia y el porte de armas de fuego. Cabe suponer que las personas autorizadas por esa Secretaría para poseer y portar un arma superaron las exigencias mínimas establecidas por la ley. Ahora, el Ministro se da cuenta de los graves malestares que ha insertado en la sociedad y trata de subsanarlos castrando los permisos concedidos. Mal hace la autoridad cuando se desdice a sí misma, contraviniendo antojadizamente la ley aprobada por el Congreso Nacional. Pero muchos saben que con Francisco José Almeyda Rancier hay que tener mucha paciencia. Como trabajador incansable, adornado por la terquedad de una mula vieja, no hay quien lo iguale. Pero en otros aspectos hay que ayudarlo porque nunca tiene el seguro puesto.

El Ministro parece olvidar que las armas de fuego son objetos; herramientas inanimadas que no actúan por sí solas. Una pistola podría pasar años dentro de una gaveta sin dispararse si alguien no oprime el gatillo. Si actualmente existe en República Dominicana una relación directa entre el aumento de las agresiones y la cantidad de armas en poder de la población es porque el deterioro social crece y las autoridades han demostrado ser incapaces de frenarlo. Es lógico entonces anticipar que la imposición de castrantes resoluciones administrativas, poco va a influir para frenar la comisión de delitos.

¿Cuáles son los antecedentes históricos de este tipo de política? ¿Cuántas veces en nuestra vida republicana se ha propugnado por el desarme forzado de la población? Históricamente, esta ha sido la forma utilizada por el Poder para anticiparse a las crisis de gobernabilidad y así colocar a sus cuestionadores en posición de desventaja. La memoria reciente nos recuerda el desarme llevado a cabo por la ocupación militar de Estados Unidos entre 1916 y 1924 bajo la excusa de la delincuencia de los gavilleros. Trujillo impuso violentamente el monopolio del armamento para eternizarse en el poder. Durante otra ocupación militar estadounidense, 1965-1966, la excusa para el desarme fue que los civiles no estaban entrenados para utilizarlas, eso a pesar de que el pueblo había vencido contundentemente a los bien pertrechados y entrenados militares dominicanos de entonces. Balaguer era menos sutil en lo del desarme y agredía, incluso, a los que no tuvieran armas, como justificación para el apresamiento y, también, para eternizarse en el poder.

Si el Secretario de Interior y Policía estuviera verdaderamente interesado en proteger la integridad de la ciudadanía, debía empezar por predicar con el ejemplo e impulsar la educación y la supervisión sobre todo aquel que tenga un arma de fuego, autorizada o no. Empezaría por los miembros de la Policía Nacional bajo su dependencia, quienes abultan las estadísticas trágicas con ejecuciones sumarias calificadas como intercambios de disparos. O verificaría el uso que se da al armamento en poder de las numerosas escoltas militares de sus compañeros funcionarios y la suya propia.

Además, cabe preguntar: ¿Cómo ejercerá Interior y Policía esa tarea de control? ¿La dejará a la espontaneidad de las pobremente educadas patrullas policiales que ya circulan ominosas por las calles? ¿Cuántos de los policías y militares encargados de cumplir con esa resolución la habrán leído sin percibir su ilegalidad? ¿Iniciaría el Ministro esta campaña de control exigiéndole cumplimiento a los compañeros del Partido, quienes recibieron armamento a título gracioso cuando pasaron a ocupar un cargo en el gobierno? ¿O la resolución sólo tendrá validez para Los Demás?

Una de las formas recomendables para que la población, quizás, aceptara la resolución del Secretario de Interior y Policía podría ser si los funcionarios gubernamentales renegaran, aunque fuera durante diciembre, de las exageradas escoltas que siempre los acompañan. Circulan con tanto armamento encima, que parecen hordas al servicio de quienes se sienten extremadamente culpables. Asimismo, quizás si los funcionarios asumieran un modelo de comportamiento humilde y equilibrado, la ciudadanía podría pensar que lo hacen de buena fe. Pero predicar con el ejemplo nunca ha sido el estilo de estos arrogantes embriagados en un narcisismo que los lleva a ignorar la majestad de la ley para imponer su más reciente capricho.