Los rumores son, con frecuencia, experimentos comunicacionales para determinar el nivel de reacción de la opinión pública sobre determinados temas o hechos. Son ensayos, mediciones.

Primero corrió el rumor, en esa especie de mundo underground que se desliza a través de las redes sociales, de un posible atentado contra la procuradora general de la República.

Ahora se trata de algo más concreto, la denuncia de una trama contra la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso, la vibrante dama que ha llevado la voz cantante en los presuntos casos de corrupción contra altos exfuncionarios del pasado Gobierno, incluidos militares activos de superior jerarquía.

La denuncia la hicieron periodistas de renombre, algunos de los cuales siguen ampliándola con nuevos y sorpresivos detalles.

A todo esto la Procuraduría General de la República reaccionó con un cauteloso comunicado que dejó claro, sin embargo, que algo huele mal en Dinamarca y que hay una investigación en marcha.

Este periódico quiere dejar constancia de su preocupación y plantea, en consecuencia, que se hace necesario que el Presidente de la República disponga una investigación minuciosa de la denuncia en cuestión, investigación que puede ser llevada a cabo por una comisión de alto nivel que él mismo designe, integrada por funcionarios civiles y militares de alto nivel y que cuente con la veeduría de una entidad tan prestigiosa como FINJUS.

La denuncia de que hablamos debe ser tratada con la dimensión que tiene. Agarremos el toro por los cuernos.

Credenciales reprobables

Aflora, una vez más, la práctica de expedir documentos para avalar membrecías en institutos armados y policiales a personas que alcanzan relieve por graves acusaciones de tráfico de drogas.

El último caso, descubierto en La Romana, amparaba a un exconvicto, de una enorme fortuna que le fue regresada hace poco por sentencia de un juez, tras cumplir condena en Estados Unidos.

La falta de control sobre la confección de documentos ha estado anidada en cuerpos de seguridad, en los que con impresionante facilidad, interesadamente, o sin verificación de estatus ni conductas de los beneficiarios, se hace aparecer como investidos de autoridad a individuos sin calidad para poseerla pero con acreditaciones que se prestan para burlar la ley. ¿Es que no existe un protocolo inviolable que desde arriba evite infiltraciones?