Los economistas del PRD, en estos siete años y cinco meses, han dedicado esfuerzos ingentes en desacreditar la exitosa política económica y social de esta administración, en muchos casos falsificando cifras, en otros anunciando cataclismos que nunca se han producido y en los últimos tiempos tratando de presentar un panorama de un país altamente endeudado; sin embargo, esas posiciones no coinciden con las opiniones de las empresas clasificadores de crédito.

La deuda pública del sector público no financiero (SPNF) alcanzó al 30 de noviembre de 2011  la suma de US$15,782.1 millones, equivalente al 29% del PIB, que si se agrega la deuda del BC alcanza un equivalente de 40.3% del PIB y si se le restan los bonos de capitalización del BC, como es metodológicamente correcto para no duplicar partidas, estamos hablando de una deuda pública total equivalente al 36.2% del PIB.

 ¿Se trata de un nivel elevado e insostenible? Es elevado si se compara con un nivel de deuda pública equivalente al 21% del PIB, cuando el PLD concluyó su primer gobierno, pero no es elevado cuando se compara con el 56.2% del PIB a que ascendió en el 2004 por la pésima gerencia macro-económica del gobierno de Hipólito Mejía.

Tampoco es elevado cuando se mira a la economía global y se observan los EU con un nivel de deuda pública cercana al 100% del PIB;  la UE en promedio 88.6% del PIB y en nuestra región, la deuda del SPNF alcanza el 47% del PIB en Argentina; Brasil 40.5%; Colombia 40.1%; El Salvador 45.6%; Costa Rica 35.5% del PIB, y la RD está por debajo del promedio. Si la situación de la deuda pública es tan grave, como señalan los economistas del PRD, cómo se explica que la firma Standard & Poor’s (una de las tres grandes empresas clasificadoras globales de crédito) haya mejorado la calificación crediticia del país en noviembre de 2011, elevándola de B a B+.

En enero de este año la firma Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia del país y en relación a la deuda pública externó lo siguiente: “La calificación de la República Dominicana  la sostienen los moderados niveles de deuda, y los altos niveles de PIB per cápita en comparación con sus pares de la categoría B, indicadores de desarrollo social relativamente fuertes y un ambiente de negocios competitivo que soporta los flujos de inversión extranjera directa”.

En lo que Fitch Ratings y las otras firmas están contestes es que la calificación futura de nuestra deuda dependerá de los resultados del 20 de mayo y así lo expresa el informe en cuestión: “De cara al futuro, una mayor confianza en la habilidad del próximo gobierno de mantener la estabilidad macro-económica y el amplio soporte de los multilaterales serán positivos para el crédito… Por otro lado, una fuerte disminución en entradas de capitales (no relacionada a deuda) o un choque en la confianza como resultado del proceso electoral, que provoquen presiones en la moneda, y una marcada erosión en las reservas internacionales, sería negativo para las calificaciones”.

Esas observaciones no son ociosas, porque Fitch Ratings y las otras dos calificadoras globales saben que el candidato Hipólito Mejía y su equipo tienen un hándicap macroeconómico muy malo, que carecen de la habilidad para mantener la estabilidad macroeconómica y su eventual triunfo significaría un choque de confianza.

Afortunadamente hace meses las expectativas y las simpatías apuntan mayoritariamente al candidato Danilo Medina, que reúne las condiciones para preservar la confianza, la estabilidad macroeconómica, el adecuado clima para la inversión extranjera y una política social y de creación de empleos mejor remunerados.