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El próximo acuerdo stand-by con el FMI además de aportar recursos financieros para cerrar la brecha fiscal, lo cual permitirá a las autoridades aplicar estímulos a la recuperación económica, también contiene una agenda de reformas estructurales y metas dentro de las cuales se destaca la parte fiscal.
El memorando de políticas económicas y financieras del acuerdo admite una expansión del gasto para el periodo 2009-2010, pero enfatiza que el objetivo principal de la reforma estructural de la administración tributaria será garantizar un retorno a la sostenibilidad fiscal reduciendo la relación deuda/PIB en el rango de 25-30%, para lo cual serán necesarios superávit primarios sostenidos del orden del 2% del PIB. Es decir después de la fiesta para estimular la economía seguirán años de ajustes y disciplina fiscal.
En el acuerdo stand-by iniciado en enero del 2005 la reforma de la administración pretendía fortalecer el marco institucional de la gestión financiera fiscal y en ese tenor fueron aprobadas un conjunto de leyes; sin embargo esta reforma se encuentra a mitad de camino en término del cumplimiento integral de esos marcos legales y no es accidental que este nuevo acuerdo insiste en la mejora en el diseño y la formulación del presupuesto, aplicar la programación de la ejecución del gasto, los procesos de seguimiento del presupuesto de las instituciones descentralizadas, municipios y la cuenta única de tesorería a todos los niveles del sector público.
El acuerdo no contempla aumento de tasas impositivas y la mejoría en la posición fiscal deberá provenir de reformas en la administración tributaria, fortalecimiento de la administración aduanera, mejor integración de ésta con la DGII y un plan para reducir las exenciones fiscales.
El programa ha identificado en la Ley de Hidrocarburos la posibilidad de incrementar las recaudaciones en el orden del 0.2-0.3% del PIB vía transparentar el precio, racionalizar las exenciones y control del contrabando de productos derivados del petróleo y con una serie de acciones estructurales en el sector eléctrico se pretende reducir el subsidio generalizado del 2.7% del PIB en el 2008 a no más del 0.8% en el 2010, hasta 0% en el 2012 y dedicar esos recursos liberados a la inversión en infraestructura.
En relación al gasto el programa establece una priorización de la inversión pública, aumento del gasto social con la incorporación de 70 mil nuevas familias en los programas, incremento anual del gasto en salud y educación en 0.8% del PIB y reducción de la nómina desde un techo del 4% del PIB en el 2009.
Este acuerdo con el FMI además de proveer herramientas financieras para reanimar la economía, define metas y reformas estructurales cuyo cumplimiento, especialmente las fiscales, redundarán en una mayor eficiencia recaudadora, racionalización del gasto, liberación de recursos a la inversión y el gasto social, mejor desempeño institucional y todo ello permitiría un mejor entorno macro-económico y social.
