Editada por Richard Lapper y compilada por Hal Weitzman, Benedict Mander, y Jonathan Wheatley

MOVIMIENTOS DEL 1º DE MAYO
Hoy martes, Hugo Chávez incrementará su control sobre la industria petrolera de Venezuela mediante el envío de soldados, y quizás uno o dos de los nuevos aviones de combates rusos de la Fuerza Aérea a los campos de petróleo pesado del Orinoco. También, honrará la ocasión con un discurso celebrando la marcha del socialismo del siglo XXI.

Pero pompa y retórica aparte, es probable que ocurra poco de real significación. La forma de la nacionalización ha sido conocida ya por algún tiempo. PDVSA, la compañía petrolera estatal, convertirá sus acciones minoritarias en una participación de 60% de los nuevos negocios conjuntos. Más allá de esas complejas negociaciones sobre los términos y condiciones seguirán adelante hacia la fecha oficial límite del 26 de junio.

Por el momento, las compañías petroleras internacionales afectadas –ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Total, BP y Statoil están haciendo lo máximo por lograr una compensación “justa”, aunque ConocoPhillips ya dio señales de insatisfacción con la forma en que van las conversaciones  al no firmar el memorándum de entendimiento la semana pasada para ceder el control mayoritario al Estado.

Rafael Ramírez, el ministro venezolano del Petróleo ha dicho que solo se reconocerá el valor en libros de las inversiones, en lugar del valor de mercado. El valor neto actual de los activos de las compañías internacionales en los proyectos es de alrededor de US$1,5 millardos (basado en un precio a largo plazo de US$40 el barril), del cual el incremento de la participación del Estado es probable que valga entre US$4 millardos-US$5 millardos. No obstante, nadie está esperando que las compañías saquen algo parecido a cambio.

… Y EN BOLIVIA

Mientras tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es probable que celebre la fecha del 1º de mayo -y el primer aniversario de la nacionalización del gas- apretando el control del Estado sobre el sector de las telecomunicaciones. Debería pensar más antes de hacerlo.

La nacionalización del gas -una política que atrajo la atención internacional el año pasado- difícilmente pueda considerarse un éxito resonante. Al año de que fuera anunciada, Morales despidió a un ministro de Hidrocarburos y al jefe de YPFB, la compañía estatal de energía. Aún meses después que se renegociarán los contratos con las compañías privadas, sus puesta en vigencia se detuvo en el Congreso, después de descubrirse irregularidades copiosas. La Paz sigue forcejeando con Petrobras sobre el futuro de las dos refinerías brasileñas en Bolivia.

Pero Morales enfrentará dificultades mucho mayores con su nuevo blanco. Para empezar, no será -a diferencia de la política para el gas- un paso particularmente popular. Además, está el hecho de que Telecom Italia, que tiene una participación de control en ENTEL, la compañía de telecomunicaciones dominante en Bolivia, ha prometido proteger su inversión, después que el gobierno enviara señales de que no pagaría compensación. Una pelea, y el espectro -una vez más- de una acción legal internacional, está en sus comienzos.

TIEMPOS DIFÍCILES PARA URIBE

Estos tiempos se vuelven cada vez más difíciles para el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien la semana próxima pasará tres días en Washington tratando de persuadir a los legisladores para que apoyen la nueva ayuda antinarcóticos bajo el “Plan Colombia”, que ya tiene siete años, además de aprobar el tratado de libre comercio Estados Unidos-Colombia acordado por ambos gobiernos el año pasado.

En Colombia, el gobierno conservador de Uribe se ha visto gravemente en aprietos por el escándalo político interno que ha implicado a algunos de sus partidarios, incluyendo un hermano y un primo de Uribe, con grupos paramilitares de derecha responsables de violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, casi con toda seguridad, los legisladores bloquearán el acuerdo comercial. La realidad es que el llamado escándalo “para-políticos” convierten al TLC en una venta más dura para el líder colombiano de lo que sería en otras circunstancias. Muchos congresistas demócratas, en particular, los que fueron electos por primera vez el año pasado, saben que a los electores no le gustan mucho los acuerdos de libre comercio y aprovecharán cualquier excusa para rechazar la propuesta del presidente colombiano.

Es una lástima. El acuerdo de libre comercio no solo pudiera ser una forma ideal desde la perspectiva colombiana, pero sigue siendo la mejor forma para ayudar a impulsar el desarrollo, además de destacar su respaldo político a su aliado regional más firme.

Sin embargo, los críticos deberían revisar mejor el “Plan Colombia”. Aunque el plan ha tenido éxito en reducir la cantidad de tierra sembrada de coca, la materia prima para la cocaína, no hay señales de que esto esté haciendo más cara la droga en las calles de las ciudades estadunidenses.

En verdad, de acuerdo con una carta de la Oficina para el Control Nacional de las Drogas al senador de EEUU Charles Grassley, cuyos detalles se hicieron saber a la Ofician Washington para América Latina, la cocaína se está volviendo más pura y el año pasado su precio continuó bajando.

Los comités del congreso están siguiendo en qué forma se gasta el dinero. Si recomendaran que se gastara menos dinero en la fumigación y más en alternativas para un desarrollo sostenible, estarían dando un paso en la dirección correcta.

 ALCOHOL POR TUBERÍAS

De Brasil se está diciendo que es la Arabia Saudita “Verde” del futuro, con sus hectáreas y más hectáreas de caña de azúcar que aportarán el combustible de las próximas generaciones de automóviles amigos del planeta. Si estos pronósticos se vuelven realidad, una barrera importante a superar es la falta de infraestructura de transporte que daña tanto la competitividad de los productores y manufactureros brasileños de toda la economía.

Al igual que la mayoría de las exportaciones brasileñas, el alcohol empieza su recorrido hacia los mercados mundiales en un camión por caminos llenos de baches, y con frecuencia, sin pavimentar. Ahora, se están construyendo dos conductos para el alcohol, que podrían acelerar el negocio completo. Ambos se extienden por más de mil kilómetros desde la nueva frontera agrícola del centro-oeste de Brasil, en el Mato Grosso y Goiás, hasta los puertos del sudeste. Uno está siendo planeado por un consorcio de productores y embarcadores de azúcar; el otro vincula al sector privado con Petrobrás, el grupo petrolero controlado por el gobierno, y Mitsui, un comerciante japonés.

Ambos enfrentan los obstáculos de tipo logístico y organizativo que han bloqueado proyectos similares en el pasado -si bien el proyecto de Petrobras tiene la ventaja de ir a lo largo de conductos ya existentes, lo que reduce los procesos burocráticos ambientales y de planificación. Se espera que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva firme un “protocolo de intenciones” el jueves para hacer que el proyecto eche a andar.

Pero desde este punto hasta contar con un conducto en operaciones hay un largo trecho. Por una parte, el proyecto de Petrobras solo avanzará si Japón, su cliente principal, decide imponer el uso del alcohol como un aditivo a la gasolina. Otros obstáculos, como la escasez de atracaderos en los puertos de Brasil, también bloquean el camino.

CORREA, EL VENGADOR

Mientras algunos de sus enemigos comienzan a partir hacia un exilio auto-impuesto en países vecinos, Rafael Correa parece estar fortaleciendo su posición como presidente de Ecuador. Como tal, siente claramente que ha llegado el momento de ajustar cuentas. Y entre las principales, está su decisión la semana pasada de expulsar al representante del Banco Mundial en Quito, en represalia por la negativa del Banco a desembolsar un préstamos acordado en principio de US$100 millones, en los tiempos que Correa era ministro de Finanzas, en 2005.

La medida será aclamada por los partidarios del presidente. Pero no significa nada más que un gesto político. A pesar de la hostilidad de alto nivel hacia el prestador multilateral, Correa no está proponiendo cortar sus vínculos con el BM, al que Ecuador le debe US$748 millones.

Además, la determinación para llevar a cabo la expulsión contrasta fuertemente con la continua incapacidad del gobierno de presentar su muy prometido plan de reestructuración de la deuda. Ahora que es presidente, Correa haría bien en manejar sus relaciones con sus opositores locales y externos en una forma más profesional.
VERSIÓN AL ESPAÑOL IVÁN PÉREZ CARRIÓN