Editada por
RICHARD LAPPER
A primera vista, el nuevo interés que el presidente George W. Bush ha manifestado en temas como el bienestar social y la cooperación energética, debería ser bien recibido. El reconocimiento de Bush de qué números significativos de latinoamericanos han sido excluídos de los beneficios de la globalización, representa un primer paso importante en el desarrollo de una política que puede contrarrestar el atractivo del populismo del presidente venezolano Hugo Chávez en las áreas más pobres de la región.

Su entusiasmo por una nueva alianza energética con Brasil también es una política que cuenta con un fuerte potencial.

En realidad, estas son precisamente las áreas que Estados Unidos necesita priorizar con el fin de desarrollar una “agenda más positiva” hacia la región, una de las recomendaciones de un informe perceptivo sobre la política de EEUU hacia Venezuela, publicado recientemente por el Diálogo Interamericano, radicado en Washington.

Desgraciadamente, sin embargo, los recursos que se están dedicando al nuevo enfoque son demasiado reducidos para que se dejen sentir. Y en el caso de la oferta de EEUU de atención primaria de salud, el gesto es tan débil que pudiera hacer más daño que bien. Es cierto que los esfuerzos de Venezuela y Cuba muy bien pudieran resultar insostenibles, pero en el corto plazo contrastan favorablemente con lo que está ofreciendo Bush: un barco de la Marina de EEUU que suministra ayuda casi de emergencia en los puertos de 11 países pobres. 

Y como sugirió esta columna la semana pasada, la iniciativa de los combustibles verdes también es demasiado tímida. Las reuniones de la semana pasada en São Paulo confirmaron que las considerables tarifas y los subsidios que protegen a los productores de etanol de EEUU siguen fuera de la orden del día. (Richard.Lapper@FT.com)

LA PERSPECTIVA DE MÉXICO

Cuando Bush llegue a Mérida esta semana, el centro de la gira ya se habrá desplazado a otro problema urgente: el del crimen organizado.

Colombia, donde Bush aterrizó el domingo, está inmersa en una larga guerra de dos décadas contra el comercio de drogas, y Guatemala, donde Bush se reuniría ayer con el presidente de ese país, también esta batallando por derrotar la influencia de las bandas que en este caso parecen haber penetrado el mismo aparato del Estado.

En México, el presidente Felipe Calderón buscará dos cosas con EEUU.

Una es lo que el diplomático mexicano describe como un “cambio en el paradigma” en la guerra contra las drogas y el crímen organizado. Ya Calderón hizo de esto la prioridad principal de su presidencia, habiendo enviado miles de soldados a áreas donde los señores de la droga son mas fuertes. Sin embargo, le dirá a Bush que EEUU yiene que hacer más para ayudar a México, por ejemplo, controlando el suministro de productos químicos de EEUU que se utilizan en la producción de anfetaminas y otros productos sintéticos en el propio México.

Segundo, exigirá un respaldo inequívoco de Bush a una abarcadora reforma migratoria en EEUU que consistirá, probablemente, de un programa de trabajadores invitados y medidas para regular el status de trabajadores indocumentados. Sus esperanzas de éxito son probablemente mayores en esta última área. Bush repitió este fin de semana que él se siente comprometido con la reforma migratoria, aunque las posibilidades de que se apruebe una ley, sin embargo, son otro asunto, dependiendo de alguna geometría política compleja en el nuevo congreso estadounidense.

Por otra parte, es poco probable que Calderón sea un participante decidido en cualquier cruzada ideológica contra Chávez. Esto es sensato, puesto que una identificación demasiado abierta con EEUU sobre este asunto, reduciría la capacidad de México de funcionar como interlocutor entre Washington,y sus enemigos regionales. Pero probablemente reduzca la posibilidad de un avance más rápido en los problemas bilaterales. (Richard.Lapper@FT.com y adamthomson.ftmexico@prodigy.net.mx)

UN “HIT” DESAPROVECHADO

La Copa Mundial de Cricket, que comienza esta semana, debió ser una oportunidad para que los estados isleños del Caribe se promovieran como sitios espectaculares para visitar, y atraer los muy necesarios dólares que necesitan sus industrias turísticas. Por el contrario, existe el peligro real de que el evento genere sensaciones negativas, y hasta la pérdida de negocios.

¿La razón? En la medida que los gobiernos tratan de responder a las presiones de EEUU y el Reino Unido para que mejoren su seguridad, se han permitido el lujo de enredarse en burocracia inútil.

Con Paquistán, India y Sri Lanka entre los 16 países que participan en el evento internacional de cricket de máxima categoría, era obvio que la seguridad sería una preocupación.

Los gobiernos del Caribe están insistiendo en un visado para los nacionales de países que no suministran con facilidad información sobre seguridad al Reino Unido ni a EEUU. Esto pudiera ser comprensible, pero además, los gobiernos del Caribe están extendiendo esos requisitos para un visado general a los nacionales de cualquier país que necesite premiso para visitar cualquiera de los países caribeños involucrados.

En otras palabras, los australianos que requieran visado para visitar Trinidad, pero no Barbados, ahora, también deben tener un visado para visitar Barbados. Es una restricción absurda e innecesaria, y apunta a la inflexibilidad de los burócratas regionales.

Y como para empeorar las cosas, parece que, en algunas islas al menos, los visitantes todavía tendrán que pasar por migración y aduanas, aún si ya “chequearon” en el “espacio único” del CARICOM en otro país.

Una complicación más es que la mayoría de los estados del Caribe carecen de los recursos consulares para manejar la demanda extra. Los que viajan desde países como Suiza y Bélgica, que normalmente disfrutan de libre acceso a la región en vacaciones o por viajes de negocios, se enfrentan a barreras adicionales: Muchos pudieran pensar que, sencillamente, es más fácil irse a otra parte. (Richard.Lapper@FT.com)

ECUADOR: DE VUELTA A LO FAMILIAR

En un escenario tristemente familiar para una de las democracias más inestables de América del Sur, la semana pasada Ecuador cayó en una grave crisis política, con profundos conflictos entre los tres brazos del gobierno.

Primero, el Congreso despidió al jefe del tribunal electoral en un intento crudo por demorar el referéndum programado para el 15 de abril, para convocar o no una asamblea que reescriba la Constitución. El tribunal respondió, diciendo que la medida es ilegal, y despidió a 57 legisladores que la respaldaban.

El presidente Rafael Correa -quien esta semana cumple dos meses turbulentos en el cargo-, respaldó al tribunal, pero entró en conflicto con el tribunal constitucional, que tiene que fallar sobre la legalidad del referéndum. Correa dijo que solo aceptaría la decisión del tribunal si está de acuerdo con él. El tribunal advirtió que su palabra sería terminante en cualquier caso.

Por un lado, el enfrentamiento inter-institucional subraya la necesidad de una nueva Constitución que traiga la muy necesitada estabilidad. Por el otro, demuestra cuán divididas está la opinión en cuanto a avanzar. El Congreso de 100 asientos está ahora, realmente, muerto -no puede llegar a un quórum sin los 57 miembros excluídos- y el tribunal parece estar decidido a hacer valer su propio poder.

Correa está concentrando ahora toda su atención en la defensa de su apoyo político con vistas al referéndum, y las consiguientes elecciones para la asamblea. La oposición puede que haya sido silenciada en el Congreso, pero la clase política ha obligado a dejar el puesto a dos de los predecesores de Correa. Puede esperares que la crisis se profundice. (weitzmanhal@yahoo.com)

BOLIVIA: MÁS PROBLEMAS EN LA CÚPULA

No está claro si el escándalo sobre los nuevos contratos con los inversionistas extranjeros en el sector de los hidrocarburos de Bolivia es resultado de la arrogancia o la conspiración, aunque -como por lo general ha sido el caso en la administración de Evo Morales-, lo primero es lo más probable.

En cualquier caso, indica incompetencia en todo el gobierno, De alguna manera, los contratos que fueron presentados al Congreso son sustancialmente diferentes de los firmados con los inversionistas extranjeros. El Senado del país, controlado por la oposición, como era de esperar, está haciendo zafra con el escándalo.

Algunos han llegado a la conclusión de que el gobierno trató de “enterrar” cláusulas que hicieron los contratos más favorables a los inversionistas extranjeros. Puede que haya habido acusaciones de que Morales pudiera ser responsable por haber colocado partidarios leales inexpertos a cargo de la elaboración de los contratos.

Manuel Morales Olivera, el actual director de YPFB, la compañía estatal de energía, dijo la semana pasada que las anomalías son resultado de un error en el cual los contratos enviados al Congreso eran borradores anteriores a los que se firmaron finalmente con las compañías.

Quizás, aún mas preocupante que todo esto para la democracia boliviana, sea que la cámara baja del Congreso, dominada por el partido MAS del gobierno, le haya estampado el sello a los contratos sin siquiera leerlos.

Además, es probable que el escándalo refuerce el criterio común entre la izquierda de que la política de nacionalización no era tal, y que los inversionistas extranjeros salieron relativamente bien.

Sea lo que sea, el asunto -que dista mucho de estar resuelto-, dañará más aún la reputación del gobierno entre los inversionistas internacionales, y podría tener un efecto similar en la propia Bolivia. (weitzmanhalyahoo.com)

VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION