El Poder Ejecutivo ha convocado a trabajar para lograr en seis meses un pacto que defina las relaciones entre el Estado, los usuarios y los demás actores del sistema eléctrico. Para lograr tal propósito no podría haber un moderador más idóneo y representativo que el Consejo Económico y Social (CES). Pero hablar de un pacto eléctrico obliga a pensar en una agenda, una lista de metas que todavía no han sido jerarquizadas en función de las prioridades que empujan al país a la búsqueda de un punto de equidad.

Un pacto de esta naturaleza debe partir de la premisa de que el servicio de suministro de electricidad sea eficiente y estable, a costos realistas y con una rentabilidad definida a partir de una relación costo/eficiencia menos onerosa que la actual. Hay que lograr que las cobranzas se correspondan con la energía servida, sin los altos costos administrativos que provocan tres “edes” que deberían ser una sola, y sin una carga financiera tan pesada como el subsidio.

El CES tiene ante sí una enorme tarea. Convencer de que modifiquen su conducta los sectores que por décadas se han enriquecido de la crisis del sistema eléctrico, requerirá grandes esfuerzos, una enorme capacidad de persuasión. El pacto debe ser muy diferente de los onerosos acuerdos de Madrid. Ahora es la prioridad del país lo que está en juego y hay que atender.

Lo que achica el presupuesto

Un hospital pediátrico de este país tiene diez abogados en su nómina. ¿Para qué? No es el único centro asistencial público que tiene las nóminas sobrecargadas de gente que no necesitan. Los abultados gastos de personal achican cualquier presupuesto, sin que con esto estemos afirmando que todos los hospitales reciben lo que necesitan. El clientelismo político es la peor tara que se le puede agregar a los gastos justificables de cualquier institución.

Los partidos políticos jamás han renunciado a utilizar los dineros del erario para pagar favores de campaña. Eso explica que las nóminas del Estado estén sobrecargadas. Si proyectamos la situación de ese hospital pediátrico a los demás centros asistenciales del Estado, encontraríamos la explicación al achicamiento de presupuesto y la causa de las crisis e insuficiencias que perjudican la capacidad de servirle a la población.