Un informe de Participación Ciudadana (PC) revela que el 75% de los 513 agentes cancelados en 2015 fueron separados del servicio por actos de corrupción y  se impusieron distintas sanciones disciplinarias a 496 oficiales.

Según relata PC, el 51% de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron un servicio irregular ajeno a los protocolos y el 13%  fueron expedientados por agresiones  y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad.  El exceso  de autoridad y las amenazas de muerte fueron también los principales motivos  por los que la Institución policial  envió a la justicia a 764 agentes el pasado año 2015.

En 2015, un total de 193 personas murieron como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, de las cuales  177 lo hicieron a manos de la Policía Nacional.  En el año 2010, el 10% de los homicidios cometidos en el país  fueron ejecutados por agentes policiales y en 2015 este porcentaje alcanzaba el 11% del total de muertes violentas en la República Dominicana. Aunque justificadas como muertes en defensa propia  y “caídos” en intercambio de disparos, los representantes de PC denunciaron  que estas ejecuciones extralegales son  graves violaciones a los derechos humanos.  Las comunicaciones de las autoridades policiales en las que se refieren a ellas como  “antisociales caídos por la acción policial”, reflejan una actitud de justificación  e impunidad  gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho.

Con respecto a las instituciones encargadas de investigar las violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional, los fiscales del Ministerio Público  han de iniciar las averiguaciones pertinentes cuando le sean notificados hechos que podrían constituir delitos. Sin embargo, tal como manifestó  la Oficina Nacional de Defensa Pública al Observatorio de PC, en la práctica, si la víctima o sus familiares no presentan denuncia formal es muy poco probable que se investiguen los hechos. Por el contrario, el Informe evidencia que el Defensor del Pueblo ejerció su potestad de control externo solicitando regularmente informes ordinarios semestrales y extraordinarios oportunos en cumplimiento de la ya derogada Ley Institucional de la Policía Nacional (art. 13, Ley No.96-04). En ellos, la Defensoría expresó su preocupación por los métodos represivos en las redadas barriales, exigió un mayor seguimiento a los casos de personas desaparecidas y mostró su indignación por los intercambios de disparos.  En 2015 se tramitaron ante el Defensor del Pueblo 25 reclamaciones contra  el Ministerio de Interior y Policía, la AMET y la Policía Nacional, denunciando actuaciones de sus funcionarios que lesionaban gravemente la libertad y la vida de las personas (20%),  la seguridad jurídica (28%), la seguridad personal (16%), la libertad de expresión y manifestación (4%)  y el libre tránsito (32%).

Participación Ciudadana destacó la importancia de aprovechar el nuevo escenario de la Ley No. 590-16 para emprender una reforma estructural  de modelo y cultura de actuación  en el que primen la profesionalización y la recuperación de la confianza ciudadana. Para alcanzar estos objetivos, la Institución deberá caminar hacia una Policía de proximidad con enfoque comunitario, orientada a la solución de problemas para prevenir el delito, más visible a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos.