MANAGUA (AFP) – Las bancadas legislativas de los dos partidos mayoritarios de Nicaragua analizan los procedimientos legales a través de los cuales se podría destituir al presidente Enrique Bolaños, a quien la Contraloría solicitó separar del cargo por presunta negación de información para una investigación sobre delitos electorales.

    «Jurídicamente lo que cabe es el desafuero del presidente Bolaños para ponerlo a la orden de la Corte Suprema de Justicia», dijo este domingo a la AFP el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), el abogado Noel Pereira.

    Bolaños fue sancionado la semana pasada por la Contraloría con una multa de dos meses de salario y la solicitud de separarlo del cargo por negarse a informar el origen y la legalidad de los fondos que usó durante la campaña electoral que lo llevó al poder en el 2002.

    La Contraloría decidió enviar la resolución al Congreso, dominado por diputados del PLC y del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), que ostentan 80 de los 91 escaños.

    Según Pereira, el parlamento puede desaforar a Bolaños con dos tercios de los votos y ponerlo a la orden del máximo tribunal para que enfrente los cargos que la Fiscalía presentó en su contra a finales del 2002 por presunto financiamiento ilegal de su campaña.

    En este caso, el Parlamento pondría a Bolaños, de 76 años, «a la orden del juez para que lo procese, pero no iría a la cárcel por su edad», señaló el legislador, aunque otros juristas han opinado que si el presidente es llevado a un eventual juicio podrá seguir gobernando.

    Pereira dijo que otra opción sería destituir al presidente del cargo, al amparo del artículo 149 de la Constitución que faculta al Congreso a declarar «la incapacidad temporal o total» de Bolaños para gobernar con la aprobación de dos tercios de los diputados, en este caso bajo el argumento de «demencia senil».

    «Una de las causales de destitución podría ser que no está bien mentalmente, porque la actitud de Bolaños de insultar constantemente a los diputados y al Poder Judicial no es normal», dijo el diputado.

    Por su parte, el primer secretario del Parlamento, el diputado oficialista Miguel López, dijo que la Contraloría aún no ha notificado su resolución al Congreso, pero, en cuanto sea notificado, informará a la junta directiva para que conforme una comisión especial que vea el caso.

    Sin embargo, López adelantó que el Parlamento «no tiene facultad constitucional para considerar ni decidir sobre la destitución de un Presidente de la República», por lo cual solicitará la opinión de los asesores jurídicos.

    El diputado del FSLN Walmaro Gutiérrez advirtió, por su parte, que el Parlamento «no puede quedarse con los brazos cruzados» y que habrá que decidir cuál de las dos opciones legales (desafuero o destitución) se aplicaría contra Bolaños.

    La resolución de la Contraloría ha sido calificada por la Procuraduría de Justicia y sectores aliados al gobierno de «ilegal» y como un golpe de Estado técnico contra el gobierno de Bolaños por parte de sus adversarios políticos del PLC y el FSLN.

    Por su parte, la Iglesia Católica llamó este domingo al gobierno y a las bancadas mayoritarias del Congreso a que abandonen sus posiciones de fuerza y se sienten a dialogar por el bien del país.

    «La Iglesia está exhortando que se busque una manera de dialogar», dijo el vicario de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Eddy Montenegro, después de concluir la misa dominical en la Catedral de Managua.

    «Si se hubiesen sentado a dialogar esas cosas (sus diferencias) ya se hubiesen arreglado, pero como cada quien se empecina en velar por sus intereses es que hemos llegado a este punto», critico el religioso.