POR EVARISTO RUBENS
La directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio aseguró ayer que las instituciones comprometidas con la entrada en vigencia el primero de julio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), trabajan sin pausa por ese objetivo.

La licenciada Vilma Arbaje manifestó que “indiscutiblemente, hay muchas resoluciones que tomar que estamos discutiendo con nuestros socios; hay marcos jurídicos que reformar, que es la parte que quizás a todo el mundo le preocupa”.

Explicó que esos marcos jurídicos son la Ley de Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial y que el país tiene el compromiso de tener una ley que regule el soborno transnacional, que requiere de un proceso prudente de discusión.

Recordó que en diciembre pasado, la Secretaría de Industria y Comercio remitió a la oficina del representante comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) todos los proyectos legislativos pendientes, no sólo de ley, sino también los decretos que deben ser emitidos para la implementación del acuerdo.

Arbaje aclaró que pese al país haber cumplido con ese requisito, por razones que estaban fuera de su alcance no fue, sino hasta abril de este año cuando sostuvo en la USTR la primera reunión de implementación del tratado.

En respuesta a la pregunta de por qué el país no entró el primero de enero al DR-CAFTA, la funcionaria dijo que “Nadie estuvo listo para el primero de enero”.

Agregó que ningún país estuvo listo porque no se previó que el proceso consagrado en la ley de implementación de los Estados Unidos tendría ciertas implicaciones para todos los socios del tratado.

Respecto a los aspectos pendientes y que implican plazos para eficienciar la gestión pública, la directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio detalló que, por ejemplo, en Aduanas existe el compromiso de despachar las mercancías en 48 horas, y que aunque así se está haciendo se emitirá una resolución en ese orden, para garantizar el cumplimiento del marco interno de procedimientos.

Citó también el Derecho de Autor, del que es necesario regular una serie de procedimientos, para lo cual se hará una reforma a la ley en cuestión, que tocará los temas de denominación de origen, la indicación geográfica y las marcas sonoras y olfativas y que aunque para alguno de estos temas se tienen plazos de transición ya se han incluido en el mismo; y así evitar que en seis meses, un año o dos años, haya que reformular el marco jurídico existente.