Aún no salgo de mi sorpresa. La Biblioteca Nacional suspendió a su personal por falta de recursos para pagarles. Hasta el momento en que afloró tan lamentable noticia adeuda cuatro meses de sueldos. No son los empleados los únicos acreedores por prestación de servicios. Se adeuda casi un millón por servicio telefónico y una suma enorme por seguridad social.

Total, una bicoca. Tan censurable situación ha debido causar vergüenza a quienes manejan la Ley de Gastos Públicos.

La Biblioteca Nacional es y como tal ha debido asumirse, una institución medular para la República.

 En sus anaqueles se conservará buena parte del pensamiento y la creación literaria de los dominicanos. De hecho, la Biblioteca Nacional es síntesis y resumen de los esfuerzos actuales y de nuestros antepasados, por explicar la Nación. No es, la Biblioteca Nacional, una organización sin fines de lucro, creada para abrevar en el presupuesto nacional.

De manera que las apropiaciones consignadas en la Ley de Gastos Públicos para que cumpla su misión, han debido ejecutarse en su doceava, sin tardanzas. ¿Cómo explicar a quienes lean la noticia de una falta increíble, que esa doceava se olvida, se desestima, o solamente se pospone? ¡Nadie lo creería! A tales incrédulos sería necesario decirles que estamos en la República Dominicana. Entre nosotros ¡todo puede suceder!

Se impone superar la falla. No porque se encuentre el mundo en la era de la cibernética se olvidó de las bibliotecas.

El país en donde nacieron los ordenadores informáticos, Alemania, cuida sus bibliotecas como se cuida un tesoro.

Estados Unidos de Norteamérica, en donde la informática encontró su gran desarrollo, aquilata sus bibliotecas tanto como al oro. De hecho, esa república federal se labró entre anaqueles de sus bibliotecas públicas y no las ha olvidado.

Lejos de reducir o eliminar las ejecuciones presupuestarias, la Biblioteca Nacional está llamada a recibir recursos para obtener incunables y ediciones príncipes de autores dominicanos. En el acervo de la Biblioteca del Congreso, en Washington,  existen obras y documentos relacionados con el Pueblo Dominicano, que no se encuentran en el país. De alguna manera, en algún instante, tendremos que reproducir los mismos para incorporarlos a los archivos nacionales. Y entre éstos, a la Biblioteca Nacional.

De manera que, para salir de la sorpresa, la Oficina Nacional de Presupuesto debe aprobar las solicitudes de ejecución de las apropiaciones de ley.

La Contraloría General debe tramitarlas y sustentarlas con sus libramientos. Y la Tesorería Nacional debe expedir los fondos correspondientes, en una cadena de adecuada lógica administrativa y racional aplicación de los fondos públicos.