En nuestra cultura de consumo se repiten todos los años, como un mantra, las mismas quejas de las familias que en el caluroso mes de agosto deben incurrir en gastos adicionales relacionados con el precio de los libros, útiles escolares, el pago adelantado del mes de julio del próximo año, la nueva tarifa del colegio, que obviamente sube cada año, y lo peor, el cambio de algunos textos en franca violación a disposiciones legales.
El agosto de todos los años se convierte en un dolor de cabeza para las familias, de clase media principalmente, sobre todo porque algunas editoriales suplidoras de libros han cambiado los textos para el año lectivo 2017-2018, en violación a la ley orgánica de Educación 66-97, modificada en el 2007, que establece que los libros deben ser revisados cada cuatro años.
En el artículo 78 de la referida ley, en su primer párrafo dice: “los textos básicos o complementarios u obras de consultas a que se refiere el literal e) del presente artículo, una vez aprobados, permanecen vigentes por un periodo no menor de cuatro años”.
De acuerdo con la ley, en caso de que se requiera de alguna modificación por cualquier situación de los libros aprobados, el Consejo de Educación debe autorizar una cartilla adicional o el procedimiento complementario que estime de lugar, a los fines de suplir informaciones requeridas.
En nuestro país la educación, al igual que la salud, están “reguladas” mediante leyes especiales, pero no se cumplen, provocando que cada año las víctimas de las irregularidades se incrementen.
Se logró el 4% para la educación y, ciertamente, para el sector público ha sido un gran avance porque las tandas extendidas en una gran parte de las escuelas del país garantizan que no haya excusas para que los padres no envíen sus hijos a las escuelas, pero el modelo todavía no es seguro para muchos padres que se resisten a enviar a sus niños a las escuelas públicas.
Por esta razón, los sectores de clase media y clase media baja confrontan serios problemas en estos días por los cambios de textos que fueron editados en el 2015 y que han sido cambiados, como en los libros de Lengua Española y Ciencias Sociales de Cuarto y Quinto, respectivamente, de la educación primaria.
Si se respetara la ley de Educación es posible que los libros de texto puedan ser reutilizados por los hermanos y primos menores, en cambio, sacarlos de circulación representa un gran gasto para las familias que solo disponen de un salario.
Hay quienes plantean que en el mes de agosto se otorgue un sueldo adicional para la compra de los útiles.