Hoy 
POR TANIA HIDALGO
La jueza interina del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Rosanna Féliz Camilo, impuso medidas de coerción contra otras cuatro personas implicadas en el expediente de los regidores, incluyendo al oficial civil de Cevicos, Salvador Torres y al regidor del municipio de Sonador, Andrés Díaz, quienes deberán pagar una garantía económica de RD$100,000 para obtener su libertad.
Asimismo, la magistrada dispuso que el mensajero Agustín Ventura se presente todos los lunes por ante la Fiscalía de Cotuí, mientras que la señora Verónica Pereyra, nativa de Las Yayas de Azua, tendrá que pagar una garantía económica de RD$50,000 y acudir semanalmente por ante el fiscal de esa jurisdicción.
A Torres, quien es acusado de avalar matrimonios de personas que nunca comparecieron a su oficialía, a cambio de dinero, le fue impuesto además impedimento de salida del país y presentarse todos los martes ante el fiscal de Cotuí.
En tanto, el regidor deberá presentarse cada martes a la Procuraduría General de la República.
El procurador general adjunto, Frank Soto, afirmó que el oficial del Estado Civil es el que tiene mayor grado de responsabilidad en los hechos, «ya que casó doce personas de Azua en su jurisdicción de Cevicos, sin que los que supuestamente contrajeron nupcias fueran al lugar».
«Ese oficial civil es responsable de este desorden mayúsculo que se ha presentado con los pasaportes oficiales y emisiones de visas», dijo.
Agregó que la señora Pereyra, aunque es de Azua, está registrada como que se casó con un supuesto regidor de Fantino, Cotuí, contra el cual también se conocerá una medida de coerción por falsificación de actas y de certificación electoral.
Manifestó que la «red de mafiosos» cobraba una tarifa oscilante entre los RD$90,000 a RD$200,000 para ofertar el pasaporte oficial, dependiendo de si se incluía la visa o no.
Dijo que hasta la fecha han registrado unos 800 pasaportes oficiales que fueron a parar a manos de particulares.
El pasado viernes, un juez de instrucción dispuso el envío a la cárcel de La Victoria de los regidores Alfredo Amauris Pereyra Ramírez, Saturnino Sánchez Suárez y Uladislao Abreu Durán, así como de Milton Pereyra Ramírez y José del Carmen Encarnación.
Asimismo, el juez fijó una garantía económica de RD$1.0 millón para Aure Ricardo Florentino García, a quien se le preparó una certificación para hacerlo pasar como regidor y conseguirle el pasaporte oficial.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y violación a la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de inmigrantes, trata de personas, bigamia y la Ley 659 sobre los actos civiles, entre otros hechos delictivos.
De acuerdo a la acusación, los imputados se dedicaban a gestionar pasaportes oficiales, con calidades falsas, presentando actas falsas de nacimiento y matrimonio, así como certificaciones de elecciones que los acreditaban como regidores, también falsas.
