Organizaciones campesinas alertaron que se pone en peligro la seguridad jurídica de miles de parceleros de la reforma agraria y la seguridad alimentaria nacional con el Decreto 115-25, mediante el cual se fusiona el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.

Los representantes campesinos consideran que el IAD tiene una función social, es clave para la promoción y sostenimiento de los asentamientos agrarios en el país, lo cual no puede ser asumida por el Ministerio de Agricultura, al que acusan de ineficiencia y de responder a intereses oligárquicos.

Además que si el IAD desaparece también lo harán aquellos parceleros, entre 90 y 100 mil familias, que aún no tienen título de propiedad, quedando en un limbo jurídico.

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Así lo afirmaron la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (Fedelac) y la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores (Cenucad), quienes advirtieron que esta medida es un retroceso en momento que la Reforma Agraria que cumple 63 años este 27 de abril.

El presidente de Fedelac, Luciano Robles afirmó que la reforma agraria ha sido el programa de mayor dimensión de justicia social que se ha desarrollado en la República Dominicana antes de haber promulgado la ley 87-01 de seguridad social. Expuso que esto fue una realidad gracias al IAD y que los terratenientes pusieron las tierras en manos de muchas familias. A partir de ese proceso, el IAD ha distribuido alrededor de 11 millones de tareas de tierras en manos de alrededor de 140 mil familias, quienes han garantizado la seguridad alimentaria porque producen más del 50% de la producción agrícola nacional.

Robles resaltó que Agricultura ha estado dirigido en los últimos años por una oligarquía que hace negocio con los grandes hacendados, agro importadores y los agro e mpresarios y donde se favorecen a los importadores.

Robles aseguró que en la próxima semana comenzaran a hacer movilizaciones pacíficas en todo el país para llamar la atención del Gobierno y encuentro con los legisladores para que se eliminado ese decreto el cual consideraron un “error histórico”. Los líderes campesinos también denunciaron que ya el IAD tiene congeladas sus cuentas paralizando servicios fundamentales.