Sumido en la espera del fruto de su trabajo, los hombres y mujeres que cultivan la tierra para conseguir su sustento y asegurar el de otros, esperan la celebración del Día del Agricultor, cuando sólo reciben un mensaje de aliento y más promesas que no le sirven para abonar sus tierras ni plantar en sus conucos.

Cada 15 de mayo se celebra en nuestro país el día con el que se honra a quienes con su esfuerzo y sudor hacen parir la tierra los frutos que a diario llevamos a nuestras bocas como alimento.

Este día se instituyó mediante la Ley 108, aprobada por el Congreso el 21 de marzo de 1967.

Si nos vamos a la definición de agricultor o agricultora, veremos que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como: persona que labra o cultiva la tierra.

Condiciones de la mujer del campo. El pasado 15 de octubre con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, la Confederación Nacional de la Mujer del Campo (CONAMUCA), denunció la grave situación por la que pasa ese sector y siete meses después nada ha cambiado a juzgar por las declaraciones de otras organizaciones.

En un documento, CONAMUCA se quejó de que esas mujeres que se dedican a labrar la tierra viven y sienten la situación de pobreza de miles de mujeres campesinas y sus familiares, residentes en las zonas agrícolas del país, lo cual revela un estado de exclusión social.

«El campo está sumido en una situación de miseria, por la falta de políticas oficiales a favor del campo, lo que imposibilita que quienes viven del cultivo de la tierra, en especial las mujeres, tengan la posibilidad de dejar atrás la difícil situación en la que viven», asegura el documento.

Además, señala que quienes están en mayor dificultad son las mujeres porque tienen un nivel mayor de marginación y casi nunca son dueñas de las tierras que cultivan.

Unido a esto, falta de servicios de salud pública, de agua potable, de vías de comunicación en las comunidades y un alto analfabetismo imperante. Así como, la concentración de la tierra productiva en manos de terratenientes y de capital extranjero.

Pésimas condiciones. Yova Sánchéz, de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales del Sur, califica de pésimas las condiciones de quienes con su sudor hacen parir la tierra, sin importar que sean hombres y mujeres.

Explica que por esta realidad los agricultores han abandonado sus conucos y emigrados a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida.

Dice que la mayoría de esos hombres y mujeres no tienen la propiedad de la tierra y quienes la poseen tienen una inversión mayor que los beneficios que reciben por su trabajo.

El agricultor produce con sus propios recursos porque no tiene incentivos, los préstamos del Banco Agrícola no llegan, no le facilitan semillas ni tecnología. Ahora no reciben orientación técnica como antes. Los técnicos están en las oficinas pero no en los campos, manifiesta.

Otro elemento que hace más pesado el trabajo del agricultor es el paquete tecnológico que hoy en día debe acompañar la producción ya que este viene de otros países y a ellos se le dificulta conseguirlo por sus altos precios.

No les pagan los productos recibidos. Quienes logran recoger una cosecha, explica, no tienen garantía de mercados y cuando se las entregan al Estado o al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), no se les paga y si logran cobrar es después de muchas protestas y tiempo.

Dice que hay otras instituciones que reciben los productos pero los beneficios no llegan a los productores ya que se quedan en manos de los intermediarios.

Puso como ejemplo la siembra de habichuelas para el pago de la deuda del Estado con Venezuela a través del acuerdo de Petrocaribe que indica, realizan la siembra y las cosechas de manera limitada y los beneficios se los llevan otros.

Las condiciones no son favorables para la agropecuaria nacional porque no hay incentivo a la producción ni a los productores ni a los espacios en donde se agrupan, expresa.

Detalló que el sistema de riego está en manos de juntas de regantes politizadas y que cobran por el servicio de agua, los insumos que llagan también se entregan de forma politizada, y los recursos para pignorar se quedan en el camino.

Abandono del campo. De su lado, Ero Antonio Pérez, coordinador de la Articulación Nacional Campesina, dice que hay un total abandono del campo en especial a los pequeños y medianos productores debido a la carencia de políticas de incentivo al sector.

A los grandes empresarios es a quienes le está yendo bien por sus vínculos con el Gobierno, mientras los pequeños y medianos productores no tienen apoyo, manifestó.

Se queja de que la política de Seguridad agroalimentaria se hace en base a la importación de productos en perjuicio de los productores nacionales y a pesar de eso se insiste en la política de importación.

Explica que el abandono se siente en poco acceso al crédito ya que los productores deben empeñar, hipotecar para poder producir y sus cosechas no tienen garantía de mercado.

En ese sentido, puso como ejemplo que productores de tomate perdieron una cosecha porque los agroindustriales no quisieron comprársela.

No reciben ayuda. Además, denunciaron que no reciben ayuda para la preparación de la tierra por lo que deben recurrir al sector privado haciendo más costosa la producción de sus rubros.

La falta de títulos de los predios que trabajan les hace cuesta arriba el logro de financiamiento y quienes lo han conseguido, en muchos casos han perdido sus propiedades.

Indica que la asistencia técnica es inexistente, porque sólo al Banco Agrícola la ofrece y es solo quienes tienen financiamiento de esa entidad estatal.

Los materiales de siembra y las semillas antes les eran facilitados y ahora se le hace difícil conseguirlos por lo que deben comprarlos a altos precios. Pone como ejemplo, que el quintal de semilla de habichuelas lo compran a 2,500 pesos y cuando producen la leguminosa la deben vender a 1,500 el quintal.

Están desprotegidos. Denunciaron que carecen de protección ante los fenómenos de la naturaleza, porque las aseguradoras no les venden pólizas por los riesgos que implican.

Otra de las quejas es que la Reforma Agraria ha sido paralizada, no se realizan asentamientos para poner la propiedad de la tierra en manos de los agricultores.

Señalan que, desde hace tres años, cursa una propuesta de ley en el Congreso para una reforma agraria integral. «Pero -dice Pérez- como beneficiará a los pequeños productores, no hay interés en los legisladores de conocerlo y aprobarlo».

Lamentaron que del Gobierno y de los candidatos solo reciben promesas que con el paso del tiempo se mueren por no cumplirse, «como se mueren las plantas a las cuales no se les abona».