Vamos a estar claros. A quien menos conviene una Ley de Partidos que prohíba el uso de los recursos públicos, que obligue a transparentar la forma en que gastan los fondos del Estado así como los que reciben del sector privado es al PLD y su gobierno, y ahí está la razón por la cual todavía es un proyecto, un anhelo, un deseo insatisfecho. Y como los peledeístas son coherentes, es decir que actúan en función de sus intereses y objetivos, su proyecto de Ley de Partidos, aprobado en la Cámara de Diputados el 28 de abril del 2015 con el apoyo del PRD y el PRSC, eliminó esos controles, y por eso fue rechazado por el PRM y organizaciones de la sociedad civil tan reputadas como Finjus y Participación Ciudadana. ¿Cómo podrá monseñor Agripino Núñez Collado evitar, apelando al consenso y el principio de equidad, que los peledeístas impongan ese proyecto y todo se quede tal y como está? Supongo que dada la experiencia acumulada en tantos años deshaciendo los entuertos de la democracia dominicana y su rapaz clase política el exrector de la PUCMM está consciente del berenjenal en el que se ha metido y los riesgos a que se expone. Porque una Ley de Partidos que deje la mano libre a los políticos para que manejen a su antojo los recursos del Estado, o que no transparente las donaciones que reciben de fuentes privadas sería una burla, otra más, a la democracia dominicana, y estoy seguro de que no le gustaría que su nombre figure, con letras grandes, entre sus perpetradores.