Agro y subsidio compensatorio

Como si fuese absorbido por el “integrismo económico”, el presidente Mejía expresaba ante un importante auditorio de productores agropecuarios que “el gobierno no dispone de los fondos para el establecimiento del crédito subsidiado para el sector agropecuario, lo que entiende no se justifica en el campo de la economía”. Añadía, que aunque tuviese lógica, “y lo hemos hecho, porque hemos duplicado la entrega de dinero al Banco Agrícola, incluyendo los últimos días, no vamos a tener suficiente dinero para suplir el crédito nacional, aunque queramos”.

Estas declaraciones deberían haber sido interpretadas por los productores como un balde de agua fría por estar tan apurados de protección crediticia, si no fuera porque el propio presidente de la República asumió la promulgación de la Ley 1060-03 de los bonos agropecuarios, acompañada de un decreto que autorizaría al Bagrícola, Banreservas, BNV y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) a negociar, reestructurar y refinanciar los préstamos de los productores agropecuarios y agroindustriales vencidos al 31/12/2002, –política que le sirve de escudo a muchas grandes deudores (conozco de tres que deben 60 millones al Bagrícola, que vendieron sus empresas pero dejaron ese pasivo al malogrado banco oficial–, y que dentro de la diferenciación de interés que se produce en la propiedad rural, la integración a la reforma agraria del campesino sin tierra, que provoca enfrentamientos con los hacendados y otros sectores ligados al esquema hacendario, ha sido neutralizado por este gobierno que lleva a cabo una política de liquidación del proceso agrario reformado por medio de las titulaciones sin las probanzas necesarias. También los sectores urbanos y políticos que acusan el programa de conseguir escasos cambios efectivos, han estimulado a las autoridades a reprimir las violaciones a la propiedad privada rural, acción ésta saludada por los productores.

Pero todas esas medidas anunciadas serán un fugaz resplandor en el nada estático sector agropecuario, pues en breve tiempo “el nublado permanecerá en el mismo lado”. Por tanto, lo prudente es que como parte de una estrategia de crédito intentemos presentar una perspectiva focalizada de subsidios destinada a modificar y/o preservar la situación de los sectores de menor tamaño e la sociedad rural, los precaristas, pero de mucha importancia para asegurar los abastos de la población y el sector que representa los cultivos estratégicos incluidos en la rectificación técnica. Ambos grupos aunque diferenciados por estar estos últimos en gran parte conformado por empresas comerciales, grandes y medianas con un uso elevado de mano de obra estacional asalariada y en un proceso de modernización constante que exige el mercado, tendrán que ser privilegiados o desaparecerán. La matrícula del Consejo Empresarial (CONEP) han expresado su preocupación del déficit fiscal del Banco Central provocado por la emisión de certificados financieros y sugieren “reducir la tasa de interés que paga por los mismos para igualar la banca comercial”. Pues bien, ¿por qué no colocar el monto diferencial de esos intereses en el Bagrícola y el BDA para capitalizarlos y propiciar el crédito con tasas subsidiadas a los sectores procedentemente citados?

Podría entenderse que esta idea tiene una trayectoria concentradora y excluyente, pero en décadas de intensificación del grado de desarrollo capital del agro dominicano, la mayoría de las veces expresada en términos genéricos de la modernización, ha estado asociado a un déficit amplio en la disponibilidad del crédito oportuno y a tasas preferenciales que ha afectado decisivamente las cifras de producción. Han sido numerosas las políticas que han buscado compensar estas situaciones estimulando la producción: el crédito subsidiado es una de ellas. Por vía de éstas políticas correctivas y compensatorias logramos sostener altas tasas de crecimiento de la agricultura dominicana (3-4% anual) para las décadas de los 70 y 80, que anularon los efectos del manejo macroeconómico.

La revisión de las políticas de desarrollo rural en la República Dominicana, implica detenernos en aquellos aspectos que dejan enseñanzas más significativas en términos de los impactos producidos y de las metodologías instrumentadas.