Varias agrupaciones de productores agropecuarios y de sectores sociales de diferentes regiones del país, advirtieron que el sector podría retroceder si el Gobierno no define fuentes estables de financiamientos para el campo, e instaron a los senadores a aprobar próntamente el proyecto de reforma a la Ley inmobiliaria 4314.
Comunicaciones enviadas por separado a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, expusieron que la falta de recursos financieros en la zona rural ha impedido un avance sostenido para que el país sea autosuficiente en la producción de bienes alimenticios, y afirmaron que se impone en estos momentos que el Banco Agrícola sea dotado de los mecanismos necesarios para fortalecer su cartera crediticia.
Los documentos están firmados por Bernardina Hernández, presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Bajo Yuna, por Dionisio Jiménez, de la Junta de Regantes Aglipo II; por Jorge Concepción, de la Asociación Agrícola La Humanitaria, de Villa Riva, y por Nelson Genere, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez.
Además por Germán Emilio Tavárez, presidente de la Junta de Regantes, General Fernando Valerio, de Las Matas de Santa Cruz, en Monte Cristi; por Manuel Martínez, Ramón Faña y Emilio Rafael Menicucci, de las asociaciones de productores bananeros de exportación de Monte Cristi, y de Productores de Arroz de la Provincia Duarte, respectivamente, así como por Manuel Matos, presidente del Comité Unitario de San Juan de la Maguana, y por Juan Baldallague, de la Asociación de Ganaderos La Esperanza, de Villa Vásquez.
Señalaron que la única fuente visible para proveer de recursos financieros al Banco Agrícola es a través de la modificación de la Ley 4314. Afirmaron que la demanda crediticia en el campo está por encima de los RD$30 mil millones, cuando el Banco Agrícola, que es la única institución que presta en el campo, sólo dispone de una cartera en la zona rural de unos RD$8,000 millones, es decir, menos de un 25%.
Entienden que el proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo al Senado garantiza protección tanto a los propietarios de viviendas como a los inquilinos.