Una de las tantas culpas que recaen sobre el tirano Rafael Trujillo es la de haber sembrado en el dominicano la cultura de no pagar por determinados servicios. Acostumbró a la gente a no pagar lo justo por el uso de la electricidad y el consumo del agua, estableciendo una especie de cultura que nos ha hecho y seguirá haciendo muchísimo daño. Uno de sus pleitos por el cobro de la energía lo llevó a estatizar la que ahora se llama Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

El vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, dice una gran verdad cuando afirma que todos  disfrutaríamos  de suministro continuo de electricidad si todos pagáramos el servicio.  Para que eso sea posible, solo habría que trabajar para desarraigar esa insana cultura de no pago que hace que de cada 100 pesos en energía servida las distribuidoras solo logran cobrar 48 pesos, es decir que  hay mas evasores que pagadores.

 Mientras se logra erradicar este mal, hay que buscar la forma de garantizar el cobro de la electricidad servida. Y en esta parte entra en juego un dilema, pues mientras el no pago  limita la capacidad de oferta, el suministro deficiente hace más difícil desmontar la cultura de no pago. Tan difícil es mantener un servicio por el que la mayoría no  paga, como pagar por un servicio que no se recibe a plenitud. He ahí el problema.

Tráfico de drogas y delitos conexos

El tráfico de drogas y los delitos conexos a esa actividad dominan la atención de los tribunales en el Distrito Nacional, según estadísticas que recoge en un trabajo nuestra reportera Llenis Jiménez. Este predominio es uno de los mejores indicadores de la gravedad del problema. El negocio de las drogas es probablemente la acción ilícita con  más derivaciones contrarias a la ley, la mayoría de las cuales es de carácter criminal.

Al margen de lo que el tráfico de drogas  significa hacia afuera, tenemos  motivos suficientes para fortalecer la lucha contra este flagelo. Ya no es únicamente la condición de puente en el tráfico internacional, sino también la de mercado en el que el pago en especie de los “servicios” de trasiego genera una dinámica creciente de oferta y demanda. Algunos  abogan por la creación de tribunales especiales para los casos de drogas. Es algo que habría que ponderar cuidadosamente. Pero lo cierto es que estamos bajo una grave amenaza.