Desde la muerte de Trujillo, cada gobierno ha forzado para tener su propia Constitución para dirigir el país. Fruto de esa voluntad de dominio fue la Constitución de 1963.
Cito de memoria, ha tenido muy poco reconocimiento el doctor Antonio Claudio Martínez, un abogado dominicano residente en Nueva York, autor del texto de la Carta Magna de 1963.
Salvo la rebelión que produjo la Guerra de Abril de 1965, no hemos tenido la conciencia ni la fuerza ni la unidad, para imponer una verdadera reforma constitucional que implique un debate nacional sobre qué queremos hacer, cómo lo haremos, de qué manera y con quiénes.
Por esa razón unos y otros, cuando no hemos podido hacer un traje a la medida, sí tuvimos el coraje de coser un nuevo remiendo al cuerpo de la Ley de Leyes.
Ahora se habla, de nuevo, de juntar una mayoría que permita remendar la Constitución, que ya no acepta más costuras ni agregados de telas fuertes que rompen las partes viejas.
Es gravísimo que los abogados reconocidos como constitucionalistas, no hayan planteado de manera permanente y decidida, que el país debe discutir un proyecto de Constitución para que el pueblo debata los asuntos que deben ser regulados para que tengamos acceso al ejercicio de los derechos fundamentales amparados por una administración de las leyes que no esté inclinada en favor de quienes tienen algo que perder, en contra de la mayoría del pueblo.
Modificar la Constitución para que continúe la diarrea de nuevas provincias, municipios y subdivisiones creadas para fomentar el clientelismo, es un atentado contra la economía nacional.
¿Vamos a continuar eligiendo senadores y diputados que no representan a quienes votan por ellos, sino a la cúpula de los partidos?
Es oportuno ya, que los legisladores sirvan a sus comunidades y no los intereses de partidos. Necesitamos poder elegir candidatos independientes. Con el sistema actual las cámaras se llenan de personas sin ninguna buena hoja de servicios en favor de las comunidades que supuestamente representan.
Propongo que elijamos un diputado por cada uno por ciento de la población; que reduzcamos la provincia a 8 regiones; que cada región maneje su propio presupuesto con ingresos de impuestos locales y nacionales; que los gobernadores sean elegidos; que haya una Diputación provincial que cogobierne con el representante del Poder Ejecutivo.
Las ocho regiones pueden ser Península de Barahona (Pedernales, Jjmaní, Neiba y Barahona); Suroeste (Azua, San Juan, Elías Piña; Sur Central (Baní, Ocoa y San Cristóbal); Macorís (Hato Mayor, San Pedro y Monte Plata); Higüey (Higüey, Seibo y Romana); Cibao Central (Bonao, La Vega, Moca, Salcedo, Santiago); Sureste (Cotuí, San Francisco, Nagua, Samaná); Norte (Puerto Plata y Montecristi); Noroeste (Mao, Santiago Rodríguez).