BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
La Ley de Gastos Públicos es un ejercicio de tomadura de pelo de legisladores y Presidentes de la República que la formulan, presentan y aprueban a sabiendas de que no será respetada. Por eso vemos cómo en sucesivos Consejos de Gobierno la administración actual pone y dispone de los dineros consignados en la Ley, como si la misma no asignara los fondos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y a todas las dependencias del gobierno.

La asignación de fondos públicos es una tarea exclusiva del Congreso Nacional, aunque en nuestro país hay la mala maña de irrespetar la Ley que los distribuye. Prácticamente todos los años los Presidentes de la República solicitan que el Congreso apruebe transferencias de fondos para llevar los dineros a proyectos políticos de su interés que no necesariamente benefician a las comunidades.

Esos manejos, no siempre santos, no siempre turbios, son fruto de la falta de respeto a la Ley, de la falta de institucionalidad, de la falta de autoridad. Pese a que el Congreso Nacional es la sede del primer poder, los legisladores actúan como si lo ignoraran, como si fueran la cenicienta en la organización del Estado. Si una instancia de poder se irrespeta, alguna otra se enseñoreará, se le encaramará y dirigirá no para bien del país, no para bien de la institucionalidad, no para bien de la democracia.

Luego de la muerte de Trujillo políticos, politicastros y logreros han empleado esfuerzos de manera constante y cuidadosa, para destruir todo atisbo de institucionalidad, para lograr llevar la nación a su redil de privilegios irritantes y manejos siempre turbios.

Una malsana simbiosis entre capitales de dudoso origen, políticos de ninguna moral, farsantes ratones de sacristías y gente que se vende al peor postor, mantiene una situación de retroceso institucional que dificulta los caminos hacia el progreso material y espiritual. Día tras día, durante demasiados años, hemos observado, vivido y luchado contra la corriente putrefacta que afecta todo lo que signifique organización, disciplina, respeto, moralidad, negocios limpios y cumplidores de los tributos de aduana e impuestos internos.

Día tras día, durante demasiados años, hemos visto cómo distintos responsables, con escasísimas excepciones, actúan como si la Ley sólo existiera para los gobernados que carecen de fortuna.

El desorden nacional lleva directamente al caos y la desintegración, debido al incumplimiento de las leyes por parte de la autoridad. El camino del despeñadero siempre deja abierta una puerta para la rectificación, la reorientación, para enderezar el rumbo. Insisto en que debemos continuar la lucha para evitar la caída. El dejar hacer, dejar pasar, no es la mejor política en ningún caso.

Se acepta, como si fuera correcto, que la autoridad no respete la ley, actúe sin ningún miramiento y no dé buena cuenta de los bienes puestos a su cargo y de los dineros que debe administrar. La más reciente contribución a la burla a la Ley la ofrecen los funcionarios que reciben completo el dinero para pagar sueldos, de cuyos fondos deben separar la parte que descuentan a los empleados para la Seguridad Social y no envían el dinero a su destino legal.

¿Dónde va a parar el dinero que se les descuenta a los empleados públicos?

¿Y la Ley que asigna el 10 por ciento de los ingresos fiscales a los Ayuntamientos del país, no fue el Congreso Nacional que la irrespetó con la Ley de Gastos de este año?

¿Quién responde por esas actuaciones?

¡Ojalá! Que un fiscal responsable investigara esas cuentas y sometiera a la justicia a quienes hacen uso indebido de fondos públicos. ¿Usted cree que hay ese fiscal?