La pasada semana tuve la oportunidad, junto a varios comunicadores, de atender la invitación en el Palacio Nacional en una reunión con la participación de la vicepresidenta, Raquel Peña, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el ministro de Educación, Ángel Hernández, el director de Presupuesto, José Rijo, así como representantes de una veintena de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el área y en donde el ministro de Hacienda expuso las razones de la reducción del presupuesto del Ministerio de Educación y la respuesta unánime de las organización fue rechazar la disminución.

Los argumentos del ministro de Hacienda fueron convincentes, desde el punto de vista de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, la reducción del presupuesto del Ministerio de Educación violaba el Artículo 63, numeral 10, y la participación de los voceros señalaron la violación de otras leyes y de señalar capítulos donde se podían invertir esos recursos en el resto del año; en ese momento me convencí de que fue un error político someter esa reducción y por eso menos de 24 horas después el vocero gubernamental, Homero Figueroa, anuncio el envío de una adenda al Congreso para enmendar ese traspiés fiscal.

Fue interesante escuchar posiciones tan firmes en relación a que el 4% del PIB era una conquista social y que bajo ningún concepto podría rebajarse un centavo. Sin embargo, a pesar de esos montos, equivalente a 1.5 billones entre 2013 y 2022, en un país con una presión tributaria no mayor al 14%, la calidad de la educación ha empeorado en vez de mejorar.

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Es cierto que se construyeron miles de aulas, que los salarios de los maestros se volvieron competitivos con los sueldos en la educación privada, se creó la Tanda Extendida y gracias a ello los estudiantes disfrutaron de desayuno, merienda y almuerzo, lo cual constituyó un plan social en vista de que no se implementó un contenido curricular en esa horas adicionales.

Frente a estos logros tenemos el panorama del dispendio y yo le preguntaría a esas organizaciones, firmes en la victoria social del 4% del PIB y con mayor razón a las que han fungido como veedores en el ministerio:

¿Dónde estaban cuando el ministerio parió dos precandidatos en el Gobierno del presidente Danilo Medina que usaron los recursos y la plataforma de ese presupuesto para promover sus aspiraciones?

¿Dónde estaban cuando el pasado ministro destituyó de forma ilegal directores Regionales y Provinciales y los sustituyó, violando la Ley de Educación, nombrándolos de dedo sin concurso o las licitaciones impugnadas por la Dirección de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado?

Extrañé figuras públicas que fueron voceros de aquel movimiento social de las “sombrillas amarillas”, especialmente comunicadores, cuya voz estuvo ausente cuando se pretendía reducir el presupuesto.

Es de esperar que con el mismo fervor que se defiende ese 4% del PIB para la educación básica ejerzan con vigilancia extrema la función de veedores, que exijamos al Gobierno un plan de cómo vamos a mejorar la calidad de la educación de forma gradual y que nunca más esos recursos sirvan para promover proyectos políticos particulares y mucho menos para enriquecer ministros, funcionarios y los empresarios privados beneficiarios de jugosos contratos fruto de licitaciones amañadas.