En la mayor parte de la historia, la mujer ha sido vista y tratada como un ser inferior al que se le han negado derechos fundamentales como la capacidad de decisión y participación.

Lastimeramente, en República Dominicana todavía arrastramos parte de esta visión. Eso, sumado a la doble moral, al «miedo» y convivencia con sectores eclesiásticos sombríamente conservadores, explica que el Senado aprobara un Código Penal que penaliza el aborto en todas circunstancias.

No importa que el embarazo haya sido producto de violación, constituya una amenaza para la vida de la mujer, que a veces es una madre que dejaría huérfanos a otros hijos, o que esté médicamente comprobado que la criatura es inviable y que de todos modos morirá. El Senado dijo no al aborto terapéutico, aquel que busca salvar vidas, la de las mujeres.

Contradictoriamente, en tiempos de globalización y en un país tan dado a imitar modelos extranjeros, tampoco importa que esta decisión reconfirme su integración en un pequeño grupo de seis países que mantienen la penalización absoluta del aborto. Grupo en el que no se encuentran ni siquiera naciones tan católicas y creyentes como España, que es de donde heredamos la tradición religiosa.

En este punto de la discusión ya no vale la pena explicar que quienes nos oponemos a la penalización absoluta del aborto no defendemos el aborto alegre, irresponsable u obligatorio, sino que la mujer tenga la oportunidad de decidir si continuar o no el embarazo en los casos arriba citados. De modo, que aquellas que pertenecen a las iglesias podrán seguir sus preceptos religiosos, sin que el Estado les imponga, como harían ahora con aquellas que no practican esa fe.

Tampoco vale la pena recurrir a los partidos políticos porque en el Senado fue difícil distinguir oficialismo y oposición: todos actuaron al unísono, independientemente de las promesas de campaña a las mujeres y jóvenes, y mucho menos de que con sus nombres se describan como partidos de la Liberación, Revolucionarios o Modernos.

Tras correcta y pertinente observación hecha ayer por el presidente Danilo Medina, coherente con la del 2014 en la que explicaba que este Código viola la Constitución, los derechos de las mujeres y que los problemas de salud vinculados al embarazo y la dura penalización de su interrupción en cualquier circunstancia afectan sobre todo a las mujeres más pobres, ahora la responsabilidad nueva vez recae en el Congreso.

Danilo Medina fue coherente. Muy bien por él. Ahora le toca al Congreso, que en gran parte y para temas como la modificación de la Constitución para la reelección o la aprobación instantánea de préstamos y presupuestos , le responde a él.

¡ Convenza a su Congreso Presidente! Usted ya lo ha hecho antes y ahora , más que de un tema personal o partidario, se trata de un asunto de interés colectivo del que depende la vida de millones de dominicanas.