En nuestra entrega de la semana pasada habíamos esbozado las disposiciones tomadas por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien haciendo uso de las  denuncias y publicaciones aparecidas, tanto en la prensa escrita, radial y televisiva, sobre el comportamiento de  funcionarios de su Gobierno,  las cuales, de ser debidamente comprobadas y no existir dudas sobre la veracidad de las mismas,   procedía a su cancelación, sea por actos de corrupción o prevaricación, de aquellos funcionarios públicos delatados  que ocupaban las posiciones señaladas.  Todo esto, sin importar que fueren ministros o empleados públicos de elevado nivel  dentro del tren administrativo.

   Al parecer esta corriente depuradora en las altas instancias de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, ha tocado las puertas del Perú, en donde su presidente, Ollanta Humala -un antiguo militar- al comprobar que en la policía existía un número desproporcionado de generales con respecto a clases y alistados, procedió a cancelar 59 generales considerados como “inorgánicos”, los cuales sólo contribuian a incrementar la planilla de gastos de la institución, sin aportar un trabajo remuneratorio a la altura de sus rangos.

   Nosotros, en una oportunidad  habíamos escrito sobre este tema, en razón de que en una ocasión nuestras fuerzas armadas y la policía nacional tenían unos 430 generales, lo cual significaba una desigualdad incompatible, entre oficiales superiores, sub-oficiales, clases, rasos y asimilados.  Es más, se estimaba que había aproximadamente un general por cada quinientos militares, lo cual hacía de nuestras fuerzas castrenses una en las cuales,  el generalato era muy superior a la correlación de rangos.  En otras palabras, ser raso era casi asimilable a general, dado su escaso número dentro de las tropas.

   Cuando en el gobierno de Don Antonio Guzmán de un solo plumazo destutanó a una serie de “generales de dedo”, investidos por la voluntad de un jefe de Estado, algunos de ellos, por no decir un gran número, “analfabetos funcionales”, se pensó que se iría a reformar el asunto del escalafón.  El hecho de que usted por antigüedad  tenga derecho a un rango superior, no es óbice para que automáticamente sea ascendido.  Para ser general, se necesitan condiciones especiales, don de mando, preparación académica y sobre todo pericia en la milicia.  Aquí, el rango de general ha sido “cualquierizado”.  En la ocasión señalada anteriormente, había  tantos sin tropas ni comando, que hubo que designar un general para hacerse cargo de la recogida de la  basura en la capital del país.  Es de rigor en consecuencia, que exista un justo equilibrio  entre el número de tropas y los oficiales superiores, so pena  de caer en el ridículo si se inclina la balanza en favor de los últimos.

   Hace dos meses pensamos que el doctor Leonel Fernández en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PN), cuando destituyó  dos generales de la Policía, iba a proceder a una racionalización de oficiales superiores en esa institución.  Sin embargo, al otro día ascendió no a dos, sino a tres a la jerarquía de general.  El problema se suscita cuando estos ascensos son motivados por asuntos políticos para premiar lealtades y  contrarrestar y defenestrar  oficiales que se piensan son seguidores soterrados de líderes opositores al Gobierno.

   Señor Presidente, tanto el ejemplo dado por Brasil como el que ahora señalamos de Perú, son señales inequívocas de las nuevas corrientes que inspiran conceptos innovadores en nuestra América para combatir el flagelo que pervierte y desintegra a un país: la corrupción.  Combátala con firmeza y su aceptación crecerá aceleradamente.