Al momento de aceptar la Presidencia del Consejo Nacional de Drogas sabía que quien ocupa un puesto público en nuestro país debe estar provisto de una coraza más dura que la de los careyes o una piel tan gruesa como la de los elefantes.

De ahí que nunca me extrañaron los virulentos y falsos ataques de distintas organizaciones no gubernamentales, en especial Hogar Crea Dominicano, entidad con la cual colaboré durante muchos años hasta que descubrí que se trata de una empresa privada.

Uno de los principales problemas que tiene el Consejo Nacional de Drogas, y ahora el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos es la guarda, custodia y manejo de los bienes incautados por efecto de las leyes 50-88, que castiga el narcotráfico y la 72-02, que persigue el lavado de activos.

Como si se tratara del botín capturado por una gavilla de vándalos, desde el momento del decomiso, en presencia y con la participación en ocasiones de algunos representantes del Ministerio Público, comienza el intento de reparto de los bienes ajenos para uso con fines personales, bajo cualquier pretexto.

Mantener los bienes bajo custodia registrados, organizados y en el mejor estado posible, es una ímproba tarea para la cual no hay comprensión, respeto, ni mucho menos recursos.

Ello es lo que explica que, en administraciones anteriores, se entregaran viviendas a organizaciones no gubernamentales para explotar el negocio de la rehabilitación y tratamiento de adictos y el de prevención, con el compromiso de que tan pronto como una sentencia de un Tribunal adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y ordenara la devolución de bienes muebles, inmuebles o dinero, había que desocupar y devolver el bien a su legítimo propietario.

[b]Hubo una reunión…[/b]

El 23 de julio del año 2003 celebramos una reunión en la sede del Consejo Nacional de Drogas a la cual asistieron los señores: Luis Enrique Martez, en representación de Hogar Crea Internacional, Julio Díaz Capellán, en representación de Hogar Crea Dominicano, Miriam Garate, en representación del Centro de Enseñanza Especializada, Altagracia García R., en representación de Fundación Fénix y Nilo Mercedes, en representación del Mesón de Dios.

En aquella ocasión se les recordó a los dueños de organizaciones no gubernamentales, el compromiso de devolver las viviendas que les cediera en préstamo el Consejo Nacional de Drogas cuando mediara una sentencia definitiva con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Les dije a los asistentes a la reunión, que debíamos tratar de evitar escándalos de prensa, que a nadie convienen, pues hay oficinas de abogados y abogados, que se las ingenian para obtener autorización y practicar desalojos acompañados de turbas de antisociales capaces de cualquier acción violenta.

El representante de Casa Abierta, con una actitud levantisca dijo que no les importaba lo que pudiera ocurrir y que él no abandonaría la vivienda que ocupaba en la calle Rómulo Betancourt, en caso de que el procesado fuera favorecido con una sentencia de un Tribunal de la República.

El mismo representante de Casa Abierta dijo que el Consejo Nacional de Drogas tenía la obligación de facilitarles locales a las organizaciones no gubernamentales que dicen trabajar en la prevención contra el uso indebido de drogas y el tratamiento y rehabilitación de adictos.

Luego de su encendida perorata, el representante de Casa Abierta abandonó la reunión de una manera poco cortés y sin despedirse.

En la ocasión se les dijo a los representantes de las ONGs que el Consejo Nacional de Drogas podía facilitarles viviendas, siempre que hubiera disponibles y bajo la condición y compromiso de que deberían desocuparlas en un tiempo razonable, cuando mediara sentencia definitiva de un tribunal.

El 17 de junio del 2002 se emitió el Auto Administrativo 22-02, ordenando la devolución de la casa ocupada por el Mesón de Dios. El 24 de mayo de este año aún el Mesón de Dios ocupa la vivienda que le fue prestada, según declaración de las organizaciones no gubernamentales que firmaron la carta de esa fecha, dirigida al suscrito.

Toda institución, agrupación o persona a la cual se le cede un bien incautado para custodia y uso en la lucha contra el narcotráfico, sabe que debe devolver el mismo ante la primera reclamación que se le haga.

Obviamente, hay dueños de negocios, de los denominados organizaciones no gubernamentales, que entienden que tienen derecho al usufructo indeterminado de bienes ajenos, pese a que se comprometen a devolverlos al momento de entrar en posesión de los mismos.

[b]Un coto cerrado[/b]

El Consejo Nacional de Drogas hace esfuerzos en dirección a organizar el sector que trabaja en la prevención, tratamiento y rehabilitación, así como en establecer y mantener las mejores relaciones con las distintas instituciones del país, ya sea del sector público o del sector privado.

por esa razón se trabajó intensamente, bajo la asesoría de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), Organización No Gubernamentales y otras instituciones, para crear las normas mínimas de tratamiento para los adictos, lo cual se logró luego de resolver las naturales diferencias entre instituciones que tienen incidencia en el mismo campo de acción.

Asimismo el Consejo Nacional de Drogas, en cumplimiento de lo que ordena la ley, ha iniciado una consulta que permita regular el establecimiento y continuidad de las instituciones, públicas o privadas, que actúan en los campos de la prevención contra el uso indebido de drogas así como en el tratamiento y rehabilitación de adictos. Algunas ONGs rehusaron ofrecer los datos que se les solicitaron, en una actitud que permite pensar que no quieren ser supervisadas. Eso está pendiente.

[b]Es una constante[/b]

Me refiero a la declaración del 4 de junio del 2004 firmada por varias organizaciones no gubernamentales en la cual el inexistente derecho a la mentira y a la bajeza se ejerce de manera muy clara, cuando se aborda el caso de un desorden que se produjo en el local que le fue cedido en préstamo a Hogar Crea Dominicana, en Villa Mella.

En esa declaración se comete el atrevimiento de decir que las acciones ocurridas allí contaron «con la autorización y justificación pública» del suscrito. Nada más falso.

La prepotencia y la vocación de mosquita muerta de algunos «benefactores» que viven de la lucha contra la adicción a las drogas, los ciega como a todos los ambiciosos, y usan la mentira como ariete que intenta convencer a una opinión pública que disfruta de nutrirse del escándalo.

Acerca de este caso me remito a la explicación ofrecida en febrero de este año cuando se produjeron esos desórdenes.

El 24 de febrero del 2003 se le informó a Ramón Vargas, director de Hogar Crea de Villa Mella, que debía desalojar el inmueble ocupado por ellos, debido a que una sentencia que había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada ordenaba la devolución del inmueble. En fecha 10 de marzo del 2003, se reiteró la información a Hogar Crea Dominicana.

Posteriormente autoridades de la Dirección de Bienes Incautados invitaron a Leopoldo Díaz quien compareció, y ante el reclamo de desalojo del local pidió que se le diera un tiempo prudente para desocupar el mismo. Un año después Hogares Crea aún ocupa el lugar ajeno.

El Consejo Nacional de Drogas carece de autoridad para ordenar desalojos y proveer de fuerza pública a los dueños de bienes muebles o inmuebles, que quieren recuperar sus propiedades conforme a decisiones judiciales.

[b]Los fondos y la ley[/b]

El constante reclamo de manejo de mayores recursos que hacen algunos dueños de negocios llamados a organizaciones no gubernamentales, nubla sus entendimientos porque siempre quieren más y, especialmente, si se trata de fondos no supervisados y sobre los cuales no tienen que rendir cuenta alguna.

Tal parece como si el Estado se hubiera desentendido de trabajar en la prevención del uso indebido de drogas o acudir a favor de las organizaciones que se ocupan del tratamiento y rehabilitación de adictos.

Fracasa todo aquel que intenta tapar el sol con un dedo.

Los números no mienten. El Estado dominicano ha sido generoso al entregar a organizaciones no gubernamentales, decenas de millones de pesos sin que hubiera nunca rendición de cuentas por parte de los dueños de esos negocios, ni tampoco supervisión en el uso, manejo, destino, disfrute y resultados obtenidos con esos dineros.

En una palabra: ojalá que no se trate de un barril sin fondo, que es lo que se intentó indagar cuando se solicitó que los fondos entregados por el Consejo Nacional de Drogas, como se verá en el cuadro que se copia a seguidas, fueran auditados por la Contraloría General de la Nación.

Aunque el cuadro adjunto se explica por sí, es bueno desglosarlo como se hace a seguidas:

Durante el período 1989 al 2004 al Consejo Nacional de Drogas ingresó la suma de RD$8 millones 898 mil 682 pesos por concepto de venta de certificados de drogas controladas y RD$1 millón 422 mil 650 pesos por concepto de bienes decomisados por violación a la ley 50-88, valores que sumados ascienden a RD$10 millones 321 mil 332 pesos.

Conforme a la ley había que entregar el 15% de los RD$10 millones 321 mil 332 pesos a las ONGs, es decir, la suma de RD$ 1 millón 548 mil, 199 pesos con 80 centavos. Sin embargo esta institución entregó a través de una subvención mensual desde el 1989 hasta el 2002 inclusive la suma de RD$22 millones 71 mil 535 pesos con 82 centavos, arrojando una diferencia a favor de dichas empresas de RD$20 millones 523 mil 336 pesos.

Es decir, a estas instituciones se les entregó más del 100% del total de los ingresos contemplados en la ley.

A partir del 2003 las autoridades que manejan los fondos públicos decidieron suspender el subsidio que se les entregaba a las ONGs vía esta institución, para incluir las subvenciones que se les otorgan a las ONGs, vía Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, lo cual se les informó, en su oportunidad a los propietarios de esas empresas, sin embargo, ellos se llenaron las bocas de mentiras y acusaron al Consejo Nacional de Drogas y al suscrito de eliminar los subsidios. Es oportuno señalar que las autoridades presupuestarias restaron de los ingresos del Consejo Nacional de Drogas, las sumas que esta institución donaba a las ONGs.

[b]La paciencia y la cordura[/b]

La paciencia y la cordura también tiene límites. Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe y hoy rompo el círculo concéntrico del silencio que he guardado celosamente.

Poco después de que tomara posesión de la Presidencia del Consejo Nacional de Drogas, comencé a indagar sobre el destino final de aquellas personas que eran evaluadas por un equipo de siquiatras y cuyo tratamiento se permitía, luego de excarcelar a los acusados, en las sedes de algunas organizaciones no gubernamentales.

Siempre se ha dicho que hay algunos jueces venales a los cuales se les paga para que envíen usuarios de drogas y narcotraficantes de menor cuantía, a recibir un supuesto tratamiento de rehabilitación en organizaciones no gubernamentales.

Se dice que hijos de personas de fortuna son apresados y enviados a los tribunales y allí, en una combinación que incluye a algunos jueces, padres, jóvenes y algunos dueños de organizaciones no gubernamentales, termina el acusado en su casa, en una clínica privada o en el extranjero si la vergüenza de los padres tiene un bolsillo que lo soporta.

El proceso es, aparentemente, limpio, legal, transparente, hasta que el joven llega a la sede de la organización no gubernamental de la cual «se fuga» y como allí no tienen modo de perseguirlo….

Siempre he sostenido que los adictos deben ser tratados en la cárcel, para que sea más limitado el posible campo de acción de envilecimiento por contagio o por inducción.

En esa situación hay centenares de casos sin que ello haya movido a preocupación a fiscales, jueces, autoridades y dueños de organizaciones no gubernamentales.

Cuando pedí que me facilitaran las fotos y los nombres de los que se había «fugado» de las organizaciones no gubernamentales todo se volvió un «aquí la puse y allí la dejé» pues lo que intentaba era publicar las mismas pues se trata de gente peligrosa que o continúa usando drogas de manera ilegal o trafica con ellas, en el peor de los casos.

Por supuesto, no sé hasta dónde la prensa nacional sería capaz de publicar ciertas fotos, de ciertos niños bien que andan por esos mundos de Dios nadie sabe haciendo qué, luego de «fugarse» de una organización no gubernamental.

[b]El negocio se extiende[/b]

La falta de coherencia en las políticas que se emplean en distintos planos de las actividades es tal, que al país ingresan nadie sabe cuántos adictos que son importados de naciones de Sudamérica y de islas del Caribe, bajo el supuesto de que van a ser tratados y rehabilitados aquí.

Desconozco si esos adictos son declarados a las autoridades de Migración y a las autoridades de Salud Pública o de la Dirección Nacional de Control de Drogas

Dado que hay la sospecha de que adictos enviados a organizaciones no gubernamentales se «fugan» con el consentimiento de dueños de las mismas, )qué o quién garantiza que los adictos importados no se «fugan» y se dedican a traficar con drogas o a la comisión de cualquier tipo de otros delitos?