El general José de San Martín decía: “Mi mejor amigo es el que corrige mis errores o desaprueba mis desaciertos”.

Creo que por mi edad, mi apartidismo político y mi eterna vocación de servicio, estoy en capacidad moral de darle un consejo al honorable señor Presidente de la República, aunque corra el riesgo de que no me haga caso, pero, aun así, me siento en el deber de cumplir con un mandato de conciencia.

No existe la menor duda de que la corrupción publica y privada ha adquirido una dimensión de tal magnitud que está corroyendo las bases morales y económicas de nuestra sociedad. 

Creo que a usted, como máxima autoridad del país, le corresponde combatir la pública y creo, así mismo que cuando eso ocurra, la privada va a disminuir considerablemente porque seguirá su ejemplo, y una de las vías más expedita para el aumento de la corrupción es la contratación de las obras públicas por el inmoral, discriminatorio y anti-económico sistema del Grado a Grado.

Y no es que yo esté inventando algo nuevo porque tanto el doctor Joaquín Balaguer, como el Profesor Juan Bosch y usted han reconocido que “el otorgamiento” del Grado a Grado en la construcción de obras públicas es la forma más perniciosa y extendida de corrupción administrativa que existe en el mundo ya que supone, como promedio, una sobre valuación de un 30% en el costo de las obras públicas, lo cual constituye una gran e inaceptable lesión al patrimonio público”.

Y lo más importante es, señor Presidente, que lo que se le sugiere no requiere un acto heroico o extraordinario que implique un gran esfuerzo suyo, puesto que lo único que tiene que hacer es exigirle a todos los departamentos de la administración pública que cumplan con lo establecido en las Leyes 340-06 y 449-06 vigentes y promulgadas por usted, tal y como lo están haciendo la Procuraduría General de la República, el Indotel y el Inapa.  Señor Presidente, estamos en un momento propicio para la reflexión y el análisis ponderado de nuestra situación económica y tomar los correctivos de lugar, a fin de evitar que la corrupción continúe corroyendo los cimientos de nuestras estructuras social y humana.