Sin lugar a equívocos, nuestro país es pobre no obstante la obstinación del gobernador del Banco Central afirmar que nuestra economía crece a un ritmo más avanzado que la mayoría de los países latinoamericanos. En dicha condición de pobreza, los políticos apoyados por sus respectivos partidos políticos no se pueden dar la ostentación de actuar como si fuéramos un país del primer orden y despilfarrar millones de pesos en una pre-campaña electoral cuyos comicios serán celebrados el 16 de mayo de 2020.

Últimamente se ha dado el raro caso de la dimisión de varios ministros del partido gobernante de la Liberación Dominicana (PLD), para dedicarse prematuramente al inicio de sus actividades proselitistas en busca de la primera magistratura de la Nación. Dos, hasta ahora lo han hecho sin disfrute de sueldo, mientras que el tercero, presidente del Senado se ha mantenido en su curul ya que alega que él fue elegido por votación popular y por lo tanto, al no renunciar, sigue percibiendo íntegramente su salario, más todas las prebendas y canonjías que ilegalmente disfrutan los legisladores.

Iniciar a tan lejana fecha los denominados “caravaneos”, marchas por las calles de los barrios y “bandereos” es pretender pensar que los votantes son tontos y recordarán sus nombres al momento de ejercer el sufragio; sin embargo, no perciben que actualmente asisten a esos actos por la distribución gratuita que les hacen de galones de gasolina, bebidas alcohólicas y hasta los mata hambre denominados “pica pollo” para mantener la energía motora y poder vociferar las consabidas consignas que identifican a sus líderes.

Lo que no comprendemos es como la Junta Central Electoral (JCE) no toma cartas en el asunto para evitar el derroche de recursos económicos que muy bien podrían servir para paliar muchos de las necesidades perentorias de muchas comunidades que exigen atención para poder llevar un nivel de vida más acorde con las atenciones que se les brindan a las grandes ciudades.

Al postergar deliberadamente el PLD por su lucha tendencial la promulgación de la Ley de Partidos Políticos, entendemos que la JCE debería hacer presión no otorgándole las partidas a las cuales tienen derecho, si no justifican el destino de los fondos y también detener la precipitada contienda electoral, que lo único que puede causar es un despalote en las calles y posiblemente situaciones engorrosas que pudieran derivarse en tragedias.

La peligrosidad de la situación es cuando, los grupos beligerantes para demostrar su fuerza política y que su líder sea observado por todos los usuarios de las autopistas y carreteras, inician las concentraciones en la entrada de pueblos de grandes conglomeraciones de habitantes y arman un caos premeditado, no permitiendo el paso de usuarios que están ajenos al mitin y entonces se arma la de troya.

La JCE debería imponer su condición de rectora de todo lo relativo a la identificación y a los reglamentos para que los dominicanos ejerzan libremente su derecho a elegir o ser elegido y no ser instrumento de los principales partidos políticos del país. Para eso se necesita firmeza y determinación de los jueces que componen dicha membresía, los cuales, salvo alguna excepción, está compuesta por funcionarios idóneos.

Es también sensato, hacer un llamado a los diferentes partidos políticos reconocidos por la JCE para que se abstengan de iniciar una prolongada campaña electoral, lo cual acabará por vaciar sus arcas y alegar que la falta de fondos fue la culpable de su derrota el 16 de mayo. Están a tiempo para recapacitar y no dilapidar generosamente los sacrificados recursos de los nobles contribuyentes que ya están cansado de las mismas promesas que una vez alcanzada la meta, se olvidan de las comunidades que los llevaron al poder. Dominicanos, es momento de reflexionar y economizar los escasos recursos que poseemos para nuestro desarrollo. Si no hacemos una profunda introspección, de seguro caeremos en un abismo del cual será muy difícil levantarnos.