-En un país donde abundan las leyes que no se cumplen ni las respeta nadie, ¿tenemos derecho a esperar que el problema de la utilización de teléfonos  celulares en las cárceles para tramar  todo tipo de delitos, desde  coordinar un embarque de cocaína hasta acosar y amenazar a la mujer a la que se piensa luego asesinar, será resuelto con una nueva ley? La experiencia nos llevaría a responder de manera negativa, y sin ningún  titubeo,  esa pregunta, además de que son ya incontables las veces  que desde el Ministerio Público se ha prometido poner fin a esa práctica. Que es  lo que acaba de hacer el Procurador General de la República, quien   propone  replicar la experiencia de las autoridades penitenciarias de  México, Perú y El Salvador, entre otros países de Latinoamérica, que utilizan  inhibidores de  señales telefónicas con muy buenos resultados. El doctor Jean Alain Rodríguez visitó la pasada semana al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, para presentarle un anteproyecto de ley para el bloqueo de las señales telefónicas en los centros penitenciarios de todo el país, que los legisladores deberán ahora evaluar y, si lo consideran pertinente, someter al hemiciclo para su conocimiento y  aprobación. Desde luego, del dicho al hecho falta todavía un  gran trecho, y mas que nada conseguir que los “honorables”,  que parecen estar mas en campaña política que en cualquier otra cosa, se interesen por el tema y hagan conciencia del gran problema que nos quitarían de encima con un poco de buena voluntad. Mientras tanto, con ley o sin ley conviene  recordar que si las autoridades que deben  evitar que se utilicen  celulares en  nuestras cárceles no faltaran a su responsabilidad por unos cuantos pesitos el problema no tendría las dimensiones  que hoy tiene, ni estaríamos expuestos a que criminales a los que apartamos  de la sociedad por el  peligro que representan continúen  haciendo daño desde la cárcel.